Unos 50 autodenominados “sintierras” que fueron desalojados el mes pasado de la granja Jebai denuncian que la intendente de Ciudad del Este Sandra McLeod, supuestamente les había prometido ayuda a cambio de acompañar las movilizaciones en contra de los escrachadores. Sin embargo, ayer una comitiva de funcionarios de la Municipalidad y de la Policía Nacional intentaron desalojarlos de la vereda de la avenida Perú, donde permanecen tras ser sacados del inmueble ajeno.

 

El procedimiento municipal-policial para liberar el espacio público finalmente no se pudo ejecutar ayer debido a que los “carperos” se resistieron lo que desató una batalla campal.

Teresa Román, una de las supuestas ocupantes manifestó que fueron utilizados por la jefa comunal para proteger su vivienda de los escrachadores y que ahora se les quiere desalojar. “Ellos nos utilizaron, vinieron a llevar una camionada de gente para cubrir su casa de los escrachadores, con la promesa que nos apoyarían, que nos traerían agua y nos contratarían abogados para que no nos desalojen, pero ahora nos quieren echar de aquí”, lamentó Román.

 

La mujer amenazó además que ellos mismos irían a manifestarse contra la intendente por la promesa incumplida. “Nosotros mismos le haremos escrache a ‘Ña Malandra’, no necesitamos a la gente de Asunción, nosotros del asentamiento San Blas vamos a escracharle y no le va a salvar su saco de 7 millones”, expresó.

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A partir de esta semana, los vehículos pesados no podrán circular sobre el Puente de la Amistad (Ciudad del Este-Foz de Yguazú) entre las 06:00 hasta las 08:00 en ambos sentidos. En este periodo,  solo estarán autorizados a hacer el trayecto vehículos de turismo, estudiantes y trabajadores, es decir, automóviles exclusivos para el transporte de personas.

 

Esta medida fue impuesta por las autoridades brasileñas, que buscan mejorar el flujo de rodados sobre la pasarela internacional en horas pico. “Con el fin de mejorar el flujo de vehículos que cruzan el Puente Internacional de la Amistad, la Receita Federal, la Policía Federal de Carreteras y la Policía Federal de Foz do Yguazú informan que a partir de esta semana, los vehículos con carga no circularán en el lapso de 06:00 a 08:00”, dice parte del comunicado de las autoridades del Brasil.

Esta medida se toma debido a que a esa hora se registra mayor cantidad de automovilistas que circulan por el paso internacional, entonces es una forma de disminuir el tráfico vehicular en la zona.

“El tránsito en las primeras horas de la mañana va aumentando y la restricción de tráfico de vehículos de carga en ese horario y otras medidas son tomadas conjuntamente con autoridades de la Aduana Paraguaya para minimizar la demora”, dice parte de la nota.

 

En tanto, los camiones procedentes del Puerto Seco de Foz, que circulan bajo el régimen aduanero y provienen de otras localidades y cargados para la exportación (material de construcción y otras mercancías) con destino a Paraguay (ACI) amparadas por el régimen fronterizo de “Mercado Interior”, si podrán circular en cualquier horario, sin embargo, los demás vehículos de carga que necesitan cruzar la frontera, a partir de la fecha citada, podrán circular después de las 08:00.

Publicado en LOCALES

El equipo gerencial de la Fundación Tesãi, encabezado por el gerente ejecutivo, abogado Pablino Cáceres,  hizo entrega de un importante lote de medicamentos que fue donado a la gobernación del Alto Paraná. Fue durante una reunión de trabajo con la primera autoridad departamental Roberto González Vaesken, quien agradeció el aporte que será canalizado a través de la Secretaría de Salud y Acción Social a los sectores más vulnerables de los distritos y comunidades rurales de la región.

Del encuentro con el jefe departamental participaron el abogado Pablino Cáceres, (gerente ejecutivo), doctor Jorge Gómez Otaño, (gerente técnico), doctor Jorge Cabral Basalik (Financiero) y el ingeniero Claudio Piatti Ibarra (gerente administrativo), todos gerentes de la Fundación Tesãi. Por la Gobernación estuvo el secretario de Salud departamental, doctor Jorge Allende, entre otras autoridades del Consejo de Salud que acompañaron al gobernador Roberto González Vaesken.

Los medicamentos donados consistieron en 224 cajas de noloten  10 mg, 480 cajas de flodin gesic 50 mg, 108 cajas de colmibe, 185 cajas de Iltux, 226 cajas de amoxidal respiratorio Duo, 371 cajas de nolefen, 80 cajas de difenac complex, 80 cajas de ciprocort ANF, 40 cajas de domper AG gotas, 30 cajas de convertal 100 mg, 60 cajas de emetan gotas x 15 ml, 50 cajas de IBU-control comprimidos, 50 cajas de Tricoval oral 500 comp, 126 cajas de lanzoplal 30 mg, 70 cajas de tensofar D 50/12,5 mg,  567  cajas de supracam flex, 40 cajas de xumer x 2, 100 cajas de grifopril, 32 cajas de corrilax, entre otros medicamentos como febrin 500 mg, acater JBE, Flutisan Plus Susp, Buntal, cortagrip dia/noche, plamodex duo 875, convertal 50 mg.

El máximo responsable de la Fundación Tesãi, Pablino Cáceres, aseguró que el fortalecimiento de la salud pública en el departamento va a depender de la mancomunión de esfuerzos y articulación de acciones de todos los estamentos e instituciones.

“Nosotros tenemos un mandato del presidente de la República, Mario Abdo Benítez y el director de la Itaipú Binacional, Dr. José Alberto Alderete, de trabajar con todos, unir esfuerzos en pos de objetivos comunes. Este pequeño aporte es el punto de partida a otras acciones que iremos trazando en esta nueva hoja de ruta del Paraguay porque Tesãi es de la gente”, precisó.

Refirió además que los Hospitales satélites de Tesãi como el Materno Infantil Los Ángeles, Hospital Distrital de Franco, Hospital Distrital de Hernandarias y el Hospital Materno y Urgencias del Km. 41 Yguazú serán receptores de poblaciones vulnerables, a fin de ayudar a descomprimir la carga de Hospitales cabeceras buscando una mejor coordinación e integración en los trabajos, involucrando a todos los actores políticos y estamentos de la población civil del Alto Paraná.

Octubre rosa

 

La Fundación Tesãi estará realizando como todos los años su campaña de concienciación y educación sobre los peligros del cáncer de mama, con aranceles preferenciales en ecografía mamaria, mamografía digital y consultas con especialistas en mastologia. Para tal efecto, se viene coordinando acciones conjuntas con la gobernación del Alto Paraná y otras instituciones como la Décima Región Sanitaria, Instituto de Previsión Social, además de  estamentos como ONGs, fundaciones y actores de la población civil de Ciudad del Este y el Alto Paraná.

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Miércoles, 03 Octubre 2018 15:42

Se esperó 17 años

La apertura de una investigación por la fiscalía Anticorrupción a cargo del abogado Leonardi Guerrero contra Ernesto Javier Zacarías Irún sacude al mundo político esteño y altoparanaense, ya que se tuvo que esperar 17 años para que el Ministerio Público indague al clan Zacarías, denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, tráfico de influencia, entre otros. El martes último se sumo la aprobación por la Junta Municipal del pedido de intervención de la comuna esteña.

Ernesto Javier y sus lacayos vivieron bajo la sombra de la impunidad por más de 17 años, y recién en este gobierno de Mario Abdo Benítez el Ministerio Público tuvo el coraje de abrir una investigación penal contra los Zacarías, que desde el 2001 maneja como un negocio privado la segunda comuna más importante del país, después del municipio de Asunción. La ciudadanía aguardará con expectativa que la Fiscalía haga su trabajo como corresponde y que, una vez más, no aparezcan factores exógenos para sacar a la luz pública todo lo que se viene denunciando desde hace años.

La grave y pesada denuncia contra el clan político esteño apunta principalmente contra Ernesto Javier Zacarías Irún (ex intendente), su esposa, Sandra McLeod de Zacarías, actual jefa comunal del segundo municipio más importante de la república,  el ex gobernador del Alto Paraná, Justo Aricio Zacarías Irún, su esposa, hoy diputada, Rocío Abed y entre otros integrantes de la familia.

En 17 años de gestión de los Zacarías al frente de la municipalidad de la capital del Alto Paraná nunca la Contraloría General de la República (CGR) pudo ingresar a la institución para realizar una auditoría de gestión contable, como está consagrada en la propia Constitución Nacional.

El jefe del clan, Javier, a quien apunta la ciudadanía como principal cerebro del esquema de corrupción montando en la comuna paranaense, siempre se defendió diciendo que su anterior administración y la de su esposa “es limpia y transparente”.

 Sin embargo, curiosamente, interpuso en la justicia una medida cautelar para que la Contraloría no ingrese a la municipalidad a realizar su tarea de fiscalización. Sí, el Tribunal de Cuentas, puede ingresar y anualmente se encarga de retirar los documentos, para “blanquear” las groseras irregularidades en la institución. Este modus operandi del Tribunal de Cuentas se viene dando desde el clan tomó control de la municipalidad.

La justicia paraguaya de una vez por todas debe dejar de ser selectiva y comenzar a aplicar la ley a todos por igual. De lo contrario seguirá reinando la injusticia y los facinerosos ligados a los poderes fácticos continuarán gozando de la impunidad, un mal que tanto daño ya ha causado a esta nación sudamericana, envuelta, en las últimas décadas, en una mega-corrupción.

 

El gobierno de Abdo Benítez  tiene que demostrar una efectiva voluntad política para combatir este flagelo. De lo contrario, el país seguirá sumido en la extrema pobreza, la delincuencia,  y donde la degradación social será cada vez más profunda. La fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, tiene que ganar la confianza del pueblo paraguayo, lo cual logrará haciendo bien sus tareas. La ciudadanía le tiene en ojo, más aun en un momento sensible, en donde ya no habrá tolerancia para los facinerosos y corruptos.

Publicado en EDITORIAL

Tras su victoria por 2 a 0 ante Nacional, el conjunto franjeado continúa en la cima de la tabla de posiciones, con apenas un punto de diferencia de su enconado rival, Cerro Porteño, que también triunfó el sábado pasado, por el mismo marcador, ante Independiente de Campo Grande, en  duro partido, que ya que el primer gol se produjo entre 89 y 93 minutos del segundo tiempo.

 

Cada fecha que pasa queda claro que la pelea por el título Clausura del fútbol paraguayo se resume entre franjeado y azulgrana. Por un lado, el Rey de Copas quiere obtener el bi-campeonato, mientras que su tradicional adversario, el conjunto de barrio Obrero, desea ganar el campeonato Clausura, para de esa forma asegurar de manera directa un cupo para la próxima edición de la Libertadores. Olimpia ya tiene asegurado, por ser el ganador del Apertura.

 

El Decano con su victoria ante el conjunto académico sumó 28 unidades, mientras que Cerro Porteño se instaló ahí atrás nomás con 27. Se pone al rojo vivo el torneo Clausura, y si continúan sumando de a tres el líder y vice líder, recién en la última fecha se estaría definiendo el campeonato y así conocer el nuevo monarca del segundo torneo del año.

Publicado en DEPORTES

El exgobernador de Alto Paraná y actual diputado Justo Zacarías Irún (ANR-cartista) derrochó unos G. 600 millones con el programa de certificación ISO 9001, que no tiene valor jurídico y solo sirve para marketing. Mientras que su gestión fue reprobada 35 veces por la Secretaría de la Función Pública por falta de transparencia y aplazada por el mecanismo legal de evaluación MECIP.

 

José Ayala Cambra, secretario de Planificación de la gobernación, explicó que la administración de Zacarías Irún invirtió en la certificación privada (ISO 9001) y descuidó la implementación del mecanismo de evaluación y control establecido por ley. Explicó que el Estado paraguayo obliga a todas las instituciones a presentar rendiciones de cuentas de la implementación de un Modelo Estándar de Control Interno de las Instituciones Públicas (MECIP).

“El MECIP consiste en un mecanismo de diagnóstico, evaluación y mejora de todos los procedimientos y productos ofrecidos por la institución y por sus funcionarios; se presenta ante la Auditoría General del Poder Ejecutivo de manera semestral”, explicó.

Ayala Cambra aclaró que la certificación privada solo servía para marketing y que no tiene ventaja administrativa ni implicancia ante el Estado paraguayo.

El costo de la certificación ISO asciende a G. 81 millones, aparte la gobernación contrató los servicios de una consultoría en dos ocasiones por un costo total de G. 510 millones. Además, se asignaron tres funcionarios y diversos recursos materiales para el cumplimiento de la certificación ISO; mientras que al mismo tiempo se descuidó la implementación del MECIP al no presentar informes en dos semestres.

 

“Hay que entender que la certificación ISO se realizó solamente para uno solo de los muchos procesos de la Gobernación, y no para toda la institución departamental como se quiso vender al público. La certificación ISO se realizó solamente para el proceso de ayudas sociales de la Secretaría de Acción Social que anteriormente estaba a cargo de la ex primera dama departamental Rocío Abed de Zacarías”, refirió el secretario departamental.

 

 

Publicado en POLITICA

Una nueva denuncia contra el clan Zacarías fue presentada este martes ante la Fiscalía. Esta vez incluye al ex canciller Eladio Loizaga. El escrito está firmado por los abogados Yolanda Paredes, esposa de Payo Cubas, y Nicolás Russo.

 

 

Una denuncia ampliada contra la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías; el senador Javier Zacarías Irún, alias Nene; el hijo de la pareja, Javier Zacarías McLeod; la diputada Rocío Abed de Zacarías y su esposo, el diputado Justo Zacarías Irún, así como contra el ex canciller Eladio Loizaga y otras personas innominadas, fue presentada este martes en el Ministerio Público.

El escrito fue entregado por los abogados Yolanda Paredes, esposa del senador Paraguayo Payo Cubas, y Nicolás Russo Manfredo, donde denuncia al clan Zacarías por hechos punibles de tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, asociación criminal y lavado de dinero.

De acuerdo con la acusación, el Ministerio de Relaciones Exteriores otorgó este año pasaporte diplomático al hijo del senador colorado Javier Zacarías Irún, quien en redes sociales ostenta su costosa ropa y demás accesorios. Recuerda que, cuando se concedió el pasaporte diplomático al hijo de la intendenta de Ciudad del Este, fue firmado por el entonces canciller Eladio Loizaga, tras un pedido realizado por el presidente de la Cámara de Senadores, Silvio Ovelar.

En el escrito también se denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y asociación criminal a la familia Zacarías-McLeod, atendiendo a que son todos autoridades y funcionarios públicos vinculados con el Estado paraguayo, a excepción del hijo de la pareja, que reside en Londres, Inglaterra, donde empezó a estudiar en una de las universidades más costosas del Reino Unido.

"Nadie puede explicar cómo los padres de Javier Zacarías McLeod sufragan esos gastos, que incluyen compras de ropas con valor millonario, relojes de G. 63 millones, etc, en atención a que desde aproximadamente 20 años ejercen funciones públicas manejando la intendencia municipal de Ciudad del Este o fungiendo el cargo de diputado o senador. Ni juntando todos sus mandatos en esas instituciones, nunca podrían aguantar o pagar semejantes millonarios gastos", agrega la acusación.

También solicitan a la Fiscalía la investigación de la existencia de "lujosos dúplex situados en la calle Antequera y Paraguarí sobre Segunda Proyectada, pleno barrio San Roque de Asunción, donde anteriormente existía una vivienda normal de clase media baja, en la que residía la señora Rocío Abed de Zacarías, funcionaria pública del Estado y actual diputada en ejercicio, cónyuge del diputado Justo Zacarías".

 

Inmuebles por doquier en CDE

Asimismo, refiere que el clan Zacarías tendría varios edificios y apartamentos en Ciudad del Este y otras ciudades, que también deben ser investigadas y que están figurando con testaferros.

Otra parte de la denuncia refiere que los diputados Justo Zacarías y Rocío Abed pusieron G. 1.000 millones cada uno para formar Gaia SA en 2010. Agrega que una de sus socias fue beneficiada después con millonarios contratos en la Gobernación de Alto Paraná.

Recuerda que, al momento de la constitución de la empresa, Justo Zacarías era diputado por Alto Paraná, con un salario de G. 24.248.100. Entretanto, Rocío Abed era funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN), con antigüedad desde 1994. Refiere que, en el 2017, el salario de la legisladora era de G. 7.600.000.

 

Piden que no esté Guerrero

El escrito presentado peticiona expresamente que el fiscal Leonardi Guerrero "no sea designado por ningún caso en esta denuncia, porque tenemos información confidencial que el mismo 'ya fue hablado' por el clan Zacarías para buscar el blanqueamiento de sus presumibles actos ilícitos".

Denuncia igualmente que los fiscales de Ciudad del Este, en su mayoría y con contadas excepciones, están "infeccionados políticamente" por el clan Zacarías Irún, y como la denuncia afecta también directamente a los mismos, corresponde impetrar (rogar) las diligencias de rigor ante las unidades especializadas en la lucha contra la corrupción de la ciudad de Asunción.

 

Finalmente, solicita el desafuero de los denunciados con la imputación de rigor y la aplicación de medidas restrictivas de libertad ante la gravedad de los hechos de los que se les acusa.

Publicado en POLITICA

Los diputados Justo Zacarías y Rocío Abed pusieron G. 1.000 millones en efectivo cada uno para formar Gaia S.A. en el 2010. Una de sus socias fue beneficiada después con millonarios contratos en la Gobernación del Alto Paraná.

 

Los documentos indican que el 5 de abril de 2010, ante el escribano Gilberto Orella, quedó conformada la empresa Gaia S.A. El capital autorizado e integrado fue de G. 6.000.000.000. La firma tiene como accionistas a los actuales diputados por Alto Paraná, Justo Zacarías Irún y su esposa, Rocío Abed.

También son accionistas Justino Óscar Abrahán Caballero, funcionario de Itaipú y exmarido de la jueza Rocío Gossen; la arquitecta Lourdes Román Páez y el matrimonio compuesto por Héctor Ramón Sosa Alonso y Valeria María Gubetich de Sosa. En el 2013, ella fue parte de la lista de senadores del Frente Para la Victoria, movimiento interno del Partido Colorado liderado por el senador Javier Zacarías Irún, hermano de Justo Zacarías.

Según los documentos, cada uno de los socios de Gaia SA suscribió e integró la sociedad aportando G. 1.000 millones en dinero y en efectivo en el momento de formarse la empresa. Esto es, acorde certifica Orella, ante él los socios tenían G. 1.000 millones cada uno.

En ese momento, Justo Zacarías era diputado por Alto Paraná, con un salario de G. 24.248.100. Con antigüedad de 1994, Rocío Abed era funcionaria del Instituto Nacional de Tecnología y Normalización (INTN). El año pasado su sueldo era de G. 7.600.000.

En agosto de 2013, Justo Zacarías pasó a ser gobernador de Alto Paraná. Desde entonces hasta este año, la empresa Lambda SA, constructora propiedad de Lourdes Román Páez, se benefició con contratos para obras por unos G. 5.000 millones, o sea, unos G. 1.000 millones al año.

 

Varios de los contratos otorgados por la Gobernación del Alto Paraná a Lambda fueron firmados por Justo Zacarías y su socia en Gaia SA, Lourdes Román. Casualmente, Lambda también fue constituida ante el escribano Gilberto Orella.

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Miércoles, 03 Octubre 2018 15:05

Sandra y Bottino serán denunciados

La intendente de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías, y el propietario de la empresa de maletín Frontera Producciones, Carlos Darío Bordón Bottino, serán denunciados por lesión de confianza ante el Ministerio Público. La denuncia será presentada por el abogado Víctor Enriquez, esta semana.

 

Enriquez detectó irregularidades al verificar los millonarios contratos de publicidad entre la citada firma de portafolio y la comuna esteña. Comentó que por ejemplo, en uno de los contratos de publicidad se acuerda difundir unas mil resoluciones municipales por año. Sin embargo, la Intendencia ni la Junta Municipal emiten esa cantidad de resoluciones y tampoco son publicadas en los medios de comunicación.

“La Municipalidad contrata un servicio que la publicitaria nunca dará cumplimiento”, señaló el abogado. Dijo que también existe una responsabilidad de los concejales que aprobaron estos contratos.

Frontera Producciones es la única adjudicada para servicios de publicidad de la Municipalidad esteña y en la Gobernación de Alto Paraná durante la gestión de Justo Zacarías y Fernando Schuster. Desde el 2010, la empresa de maletín de Bordón Bottino facturó G. 18.000 millones en esas dos instituciones.

El último contrato concretado por Frontera Producciones fue este año por G. 1.399 millones con la comuna esteña. Al principio, la intendente McLeod intentó inflar el presupuesto para publicidad a más de G. 2.000 millones, pero fue rechazado en la Junta.

 

Concejales opositores acusaron en reiteradas ocasiones que McLeod y Bottino armaron una asociación criminal para desviar dinero público con el rubro de publicidad.

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Miércoles, 03 Octubre 2018 15:03

Escracharon a jueces pro clan Zacarías

Un grupo de jóvenes de la organización Unidos por Ciudad del Este realizaron una manifestación la semana pasada para repudiar a dos jueces frente a sus viviendas, que en su momento impidieron o trabaron con resoluciones violatorias la intervención de la cuestionada administración de la municipalidad de Ciudad del Este, que el martes justamente fue aprobada por una mayoría de los concejales paranaenses.

 

Jóvenes integrantes de la organización Unidos por Ciudad del Este, que aglutina a diferentes sectores que impulsan la intervención de la Municipalidad, escracharon días atrás a los jueces electorales, Víctor Candia, cuya residencia fue la primera en ser visitada, y posteriomente la de Carmen Chávez.

Los magistrados otorgaron dos medidas cautelares que impidían acciones contra la Junta Municipal de Ciudad del Este, una, relacionada a la designación del secretario del legislativo y otra, al cumplimiento del reglamento interno que obliga a los ediles a tratar después de dos años un nuevo pedido de intervención, que debe reunir nueve votos.Este reglamento ya había sido modificado por la actual Junta Municipal.

Por otorgar ambas medidas cautelares, los dos jueces fueron denunciados por la Junta Municipal ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y, recién la semana tras ser reflotada por la prensa, después de dos años, se dio trámite a la denuncia.

Los integrantes del Tribunal Electoral de la Circunscripción del Alto Paraná, Carmen Chávez de Talavera y Víctor Gustavo Candia fueron enjuiciados mediante el expediente caratulado "Blas Darío Domínguez contra Municipalidad de Ciudad del Este, sobre nulidad de acto jurídico y medida cautelar de urgencia".

 

También escrachan

a Zacarías Cubilla

Ya el viernes último, los ciudadanos indignados escracharon al juez electoral Francisco Zacarías Cubilla, a quien acusan de responder a los intereses de su primo, el senador Javier Zacarías Irún. La manifestación se realizó frente a su vivienda, en la zona del Área 1 de Ciudad del Este.

Asimismo, el grupo de ciudadanos se manifestó el viernes último, a la noche, frente a la vivienda del juez electoral Zacarías Cubilla. Lo acusan de responder a los intereses de su primo, el senador Javier Zacarías Irún.

Con petardos y papel higiénico, los indignados expresaron su repudio contra el magistrado. Anteriormente también fueron escrachados los jueces electorales Carmen Chávez y Víctor Candia, este último, domiciliado en la ciudad de Hernandarias, hasta donde se trasladaron los manifestantes.

 

Ambos son acusados de favorecer supuestamente con medidas cautelares a la intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, y contra la Junta Municipal, en lo referente a elección de secretario general y tratamiento de un nuevo pedido de intervención. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrado (JEM) decidió investigar a los jueces por el caso.

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