El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) tiene en su poder el expediente de una sucesión intestada en la cual actúan como abogados el senador Enrique Riera y su hermano Manuel, directivo de la Rural, que fueron denunciados por un posible caso de intento de evasión y lavado de dinero con una empresa “offshore” ubicada en Panamá.

 

El senador Riera hasta sería pasible de la pérdida de investidura, si el JEM confirma que una jueza en lo civil adoptó, en el juicio sucesorio, resoluciones bajo presión del político cartista, cuando éste era aún legislador suplente electo, pocas semanas antes de asumir en forma efectiva su banca en reemplazo del defenestrado Óscar González Daher.

La situación de Riera podría complicarse aún más si los pormenores del proceso de sucesión en el juzgado son investigados por la fiscalía, ya que habría evidencias que el estudio jurídico donde figura con su hermano Manuel, vicepresidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), estaría presionando a la magistrada Claudia Jacqueline Domínguez, del 19° turno, para que una firma “offshore” con sede en Panamá no figure en los bienes de la sucesión, pese a que la finada accionista principal de la empresa es la dueña real de una estancia ubicada en el Alto Paraguay de 22.500 ha.

Todo con el fin de evadir el pago de impuestos y concretar así un monumental lavado de dinero.

Es lo que se desprende de la documentación que está en poder del presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Cristian Daniel Kriskovich, quien ya solicitó a la jueza que le remita todos los antecedentes del caso, con un informe pormenorizado y las copias del expediente judicial caratulado “Hetty Rita Malpas Vda. de Abadie s/ Sucesión Intestada”.

Tanto el senador Riera como su hermano Manuel, integrantes del estudio jurídico del mismo nombre, son los abogados que intervienen en el juicio sucesorio de la ganadera fallecida, quien fuera además dirigente activa de la ARP.

 

Estilo González Daher

La investigación sobre el expediente y la participación activa en él del senador Riera, demostraría además en forma fehaciente el interés de los políticos en continuar, al estilo González Daher, el esquema de control sobre la Justicia, tanto en el Jurado de Enjuiciamiento como en el Consejo de la Magistratura y en la designación de nuevos ministros de la Corte Suprema.

El mismo Enrique Riera pidió la suspensión de su colega Paraguayo Cubas, porque supuestamente “Payo” faltó al “decoro” del Senado al protagonizar un fuerte careo verbal con los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Alta, que habían dispuesto una sesión secreta para escuchar a  candidatos a la Corte.

En el caso bajo análisis del Jurado, aparece claramente que Riera solicitó a la jueza resoluciones a las que luego ella se acopló, contrariando incluso sus propias decisiones anteriores, con el fin de que no apareciera en la sucesión la estancia “Laguna General Díaz”, de Toro Pampa, Alto Paraguay, según los antecedentes que obran en el Jurado, y que fueran enviados por la Superintendencia de la Corte Suprema, tras una denuncia de la abogada Milca Villamayor.

 

 Con esta actitud, y estando ya el senador Riera como legislador suplente electo, y ahora como titular, habría incurrido en flagrante “tráfico de influencias”, lo que le podría llevar a la pérdida de investidura y, además, ser pasible de un juicio penal, según la apreciación de fuentes judiciales y legislativas.

Publicado en EN DESTAQUE

Escribe: Luis Alen.

En una arriesgada apuesta, Marito aparece, quizá sin quererlo, como promotor de la “unidad colorada”, a cambio posiblemente de la impunidad para HC y los gerentes del Grupo Cartes. El cartismo ofreció en bandeja la cabeza de Javier Zacarías Irún y de otros caídos impresentables, pero la ciudadanía está vigilante para que no se concrete la maniobra.

 

Hasta en el cartismo quedaron sorprendidos cuando vieron llegar a la Junta de Gobierno de la ANR a Marito, con el fin de tender un puente con HC. Lo hacía el jefe de Estado casi con seguridad por necesidades políticas, tal vez por alguna urgencia de asegurar la gobernabilidad en medio de la seguidilla de procesos que afrontan ante la Justicia connotados integrantes del primer anillo cartista.

Pero de lo que casi ningún analista se percató es de la jugada maestra de Marito, al poner al descubierto la maniobra de HC de hacer aparecer las investigaciones fiscales contra “peces gordos” como los clanes Zacarías y González Daher, como una especie de paso necesario para la gobernabilidad tan deseada por Abdo y que, por lo tanto, éste debería estar agradecido ante la “grandeza” de Cartes.

Coincidencia o no, Marito se fue a la junta a conversar por teléfono con HC, vía intermediación del titular del partido Pedro Alliana, cuando al mismo tiempo eran allanadas oficinas y residencias de Javier Zacarías Irún, el virtual factótum del cartismo, tanto en el Senado como a nivel de la ANR, durante las “vacaciones” de 100 días que se autoimpuso Horacio.

Y las investigaciones fiscales se iniciaron con la coordinación, por supuesto, de Sandra Quiñónez, puesta al frente del Ministerio Público por el propio HC en los meses previos a su salida del poder.

Haya sido o no una movida de HC, lo cierto es que la ida de Marito a la Junta sirvió para convencer a la gente que el “pato de la boda” era ZI, como ya lo ha de saber también el mismo “líder” esteño.

 

¿La cabeza de HC a salvo?

Resulta evidente, por lo tanto, que HC ofrecería la cabeza de, por ejemplo, ZI y de Óscar González Daher, con el fin de congraciarse con el nuevo poder de Marito y, de paso, con la embajada de Estados Unidos, que monitorea en forma constante la lucha entablada contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y llevada a cabo con singular energía por el nuevo gobierno paraguayo.

El objetivo de HC sería llegar a un pacto de impunidad con Marito, acompañado del ropaje de conseguir la gobernabilidad en el Congreso y garantizar un disfraz de autonomía para el Poder Judicial. Incluso no se descarta que luego se llegue a una especie de empate técnico para dejar en el opa rei las sanciones contra los actuales indagados por la Fiscalía.

Ya se atisban los movimientos clásicos para las chicanas en la Fiscalía y en el Poder Judicial, por parte de los “peces gordos” investigados actualmente por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Sobran ejemplos recientes del éxito alcanzado por los chicaneros, al dilatar per seculaseculorum sus procesos, dejando un tendal de juicios sin terminar.

Al mismo tiempo, se avizora en el horizonte una nueva ley de autoblindaje, supuestamente para reglamentar la pérdida de investidura, cuando la Constitución habla claramente que es potestad de una simple mayoría la destitución de un legislador pillado con las manos en la masa. Inclusive se dejaría en poder de una comisión especial el juzgamiento de la conducta de los políticos y congresistas acusados por tráfico de influencia, lo que colisiona expresamente con la misma Constitución.

El pacto de impunidad sería lo peor para Marito, lo sabe bien el presidente, ya que la ciudadanía no lo toleraría, dado el ambiente de crispación y de escraches multiplicados que se viven actualmente.

Así que la jugada cartista de ofrecer las cabezas de sus principales líderes, dejando a buen resguardo la de HC, no sería digerida fácilmente, y menos aún por las agencias norteamericanas antilavado, antidrogras y anticontrabando de tabaco, que apuntan directamente a la responsabilidad de Cartes por el florecimiento de todas estas ilegalidades durante su mandato 2013-2018.

A lo sumo, lo que se debería alertar a la ciudadanía es que, aparentemente, la suspensión de las medidas contra HC ya se estaría poniendo en marcha, a cambio de la “gobernabilidad” y de que, eventualmente, Horacio “renuncie” a su pretensión de jurar en el Senado y de hostigar a Marito en su función de gobernar, al mismo tiempo que “baje los decibeles” de un enfrentamiento virulento para la vuelta del cartismo al poder bien temprano, por ejemplo en la búsqueda de un triunfo de Honor Colorado en las elecciones para la junta de 2020, en las que el abdismo podría tener como candidato a nada menos que a Juan Carlos “Calé” Galaverna.

 

Indicadores preocupantes

Existen indicios preocupantes de que ha aflojado la decisión política de Marito por investigarle a fondo a HC, como el caso del senador Rodolfo Friedmann, cuya denuncia por contrabando de cigarrillos y lavado de dinero contra Cartes ya habría sido archivada “sine die”.

La buena noticia es que el gobierno de Marito se propone arremeter contra el “negociazo” en Petropar de los gerentes de Cartes, entre 2013 y 2018, en una movida que ya era urgente acometer, para no dejarse apabullar por los medios de prensa cartistas, que ya estaban argumentando que supuestamente se dejaba a la deriva a las nuevas estaciones de servicio del ente estatal, creadas por la anterior administración cartista para esquilmar a la petrolera.

Pero aún así, resulta inentendible la falta de investigación al tema del lavado de dinero monumental encabezado por Darío Messer en el período cartista, y que ha sido ya advertido por los Estados Unidos. Toda la trama de protección política fue encabezada evidentemente por el mismo HC y por sus compinches, apareciendo en todo su esplendor para dicho fin el prolífico maridaje con Zacarías Irún.

La nueva jefa de la Seprelad, María Epifania González, no se cansa de advertir que el Paraguay debe hacer buena letra para no ser incluido de nuevo en la lista gris de países que no cooperan en la lucha contra el lavado, mientras que el nuevo ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, sigue haciendo buena letra para desbaratar a los mafiosos que insisten en que el Paraguay siga siendo el paraíso de los narcos y una gran lavandería de dinero sucio.

El descubrimiento la semana pasada de un arsenal que pensaban utilizar brasileños miembros del Comando Vermelho (CV) para rescatar a sus socios presos en la Agrupación Especializada de la Policía, es una muestra de cómo está atenta la inteligencia antimafiosa, con el apoyo de la embajada norteamericana.

Tampoco el Congreso paraguayo, posiblemente a instancias del mismo HC, ha ratificado el protocolo internacional anticontrabando de tabaco de la Organización Mundial de la Salud, que apunta precisamente a tomar medidas para conocer la trazabilidad de los cigarrillos paraguayos incautados en el exterior e identificar así al fabricante, para su procesamiento y sanción judicial posterior en cualquier país signatario de la convención mundial.

A este paso, y sin que se haya llegado aún al tan mentado “abrazo republicano” de impunidad, HC ya lleva las de ganar en la pulseada con Marito por lograr el pacto de impunidad, no precisamente a cambio de la gobernabilidad como se apunta ahora, sino posiblemente en la oferta de compartir entre ambos los beneficios de los negocios turbios que son la excelencia del cartismo y de su brazo empresarial, el Grupo Cartes.

Ojala sea sólo una visión borrosa de este análisis, porque la ciudadanía en alerta no permitiría que ocurra semejante dislate, ya que se pondría en juego el mismo futuro de los paraguayos y de sus descendientes, al quedar marginados de la consideración del mundo civilizado.

 

El gobierno de Marito empezó muy bien en materia de relaciones exteriores, al rever el traslado de la embajada paraguaya en Israel, de Tel Aviv a Jerusalén, poniéndose a tono con la comunidad internacional, que ahora le reclama también coherencia y firmeza en la lucha contra la corrupción y la impunidad, ligadas a los ilícitos más vergonzantes a nivel mundial como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando de cigarrillos y el lavado de dinero.

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