Con mensura a “Puerto Narco”, Estado cobraría US$ 60 millones Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Miércoles, 15 Enero 2020 14:49
Con mensura a “Puerto Narco”, Estado cobraría US$ 60 millones Según la Senad, en Puerto Fénix ocurrieron varios de los mayores decomisos de drogas en la historia de la institución.

Puerto Fénix, llamado Puerto Narco por los repetidos decomisos de drogas realizados por la SENAD y la Policía en sus instalaciones, debería pagar al Estado la enorme suma de US$ 60 millones, lo que surgiría después de la finalización de una mensura judicial, según se estima en fuentes tribunalicias de Asunción.

 

Con la realización, ahora confirmada en un juzgado de la capital, de la investigación sobre la posible ocupación de tierras fiscales por parte del complejo portuario ubicado sobre el río Paraguay en Mariano Roque Alonso, al norte de Asunción, se podría cuantificar la cantidad de hectáreas usufructuadas en forma ilegal por los dueños del Puerto Fénix y de los otros embarcaderos aledaños, con la consiguiente obligación de pagar al Estado el monto citado.

El juicio de deslinde y mensura del “Puerto Narco” en la jerga naviera, avanza en el Poder Judicial a paso rápido, después de su traslado de un juzgado de Luque al juez en lo civil y comercial de la Capital del 16° turno, Helmut Herman Fortlage Núñez.

Las instalaciones portuarias y aduaneras emplazadas en la zona, que involucran también a los puertos Caacupemí y San José, vecinos del “Puerto Narco”, habrían sido ubicadas por sus propietarios sobre unas 40 hectáreas de tierras fiscales, según la denuncia que dio origen al juicio de deslinde, que por otra parte ya fue notificada a la Procuraduría General de la República, a cargo del Dr. Sergio Coscia, quien ha venido a formar parte del proceso, según manda la ley.

El propietario vecino a Fénix, Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, inició el juicio de mensura y deslinde, pero cuya realización en principio había sido trabada por el abogado de Puertos y Estibajes S.A., Pablo Livieres Guggiari, quien es al mismo tiempo vicepresidente de la firma y miembro del equipo del bufete jurídico que lleva también la defensa del expresidente Horacio Cartes en varios otros temas judiciales en el que está involucrado el líder del movimiento colorado HC.

El fuerte lobby realizado para evitar en sede judicial el deslinde y mensura de la zona portuaria ubicada en la zona de Zeballos – Cué de la capital y en territorio del municipio de Mariano Roque Alonso, obedece al hecho de que se demostraría el avance de las instalaciones de dichos puertos sobre terrenos fiscales de un alto valor económico, que rondaría  1,5 millón de dólares por hectárea, lo que, una vez confirmado el hecho, daría lugar a la obligación legal de los propietarios de pagar al Estado alrededor de US$ 60 millones.

La continuidad del juicio de deslinde se había puesto en entredicho  cuando estuvo a cargo, en sus inicios, de un juzgado luqueño en lo civil, ya que la Procuraduría General de la República se había opuesto a su prosecución, acompañando la posición  de la defensa de Puertos y Estibajes S.A., que es la empresa a cargo de la operación de Fénix. La Procuraduría, al frente de la cual se halla el Dr. Coscia, y se encarga de defender los intereses patrimoniales de la Nación, inicialmente se había manifestado renuente a convalidar la “Res Litis”, dando a entender que no aceptaba la jurisdicción del juzgado en el caso, establecida con anterioridad por la propia Corte Suprema.

Pero ante la necesaria determinación y cuantificación de las tierras del Estado ocupadas presuntamente por los puertos privados, y por la magnitud de los recursos que podría recibir el Estado para satisfacer ingentes necesidades en salud y educación, el procurador no tuvo otra salida que aceptar la continuación de la “Res Litis” para comprobar la exactitud de la denuncia efectuada por uno de los propietarios linderos de Puerto Fénix.

El caso será juzgado ahora en el tribunal capitalino, por tratarse de la jurisdicción adecuada, teniendo en cuenta la defensa que se hace de ingentes recursos estatales, en un proceso destinado a clarificar una denuncia de mal uso de bienes públicos.

 

Habría títulos falsos

La demanda de deslinde incluye acusaciones muy graves, por parte del demandante, Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, que deben ser dilucidadas en el juicio, como que se habría fabricado instrumento público de contenido falso (títulos falsos) en connivencia y complicidad con funcionarios de la Municipalidad de Mariano Roque Alonso, a tal punto que en los registros públicos aparecerían derechos de Golden Works S.R.L., de los Hellmers, en superposición a los derechos dominiales de Ramírez Alvarenga, cuya finca 3.960 tiene casi medio siglo de vigencia en el sistema informático de Catastro.

Si es que se confirma que están siendo ocupadas las 40 hectáreas fiscales por los citados puertos privados, las firmas deberán pagar por lo menos unos 60 millones de dólares, a razón de 1,5 millón la hectárea, tomando en cuenta el valor de mercado actual de dichos terrenos en lugares altamente cotizados para puertos fluviales de gran movimiento de cargas.

Las tierras en litigio presuntamente fiscales, pertenecerían al municipio de Mariano Roque Alonso y al INDERT, por estar prácticamente fuera de la zona urbana y a orillas del río Paraguay, en una zona muy valuada por tratarse de asientos de varios puertos, entre ellos Fénix, San José y Caacupemí, al norte de la ciudad capital, Asunción.

La demanda de deslinde fue promovida por Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, bajo patrocinio del abogado Alfredo E. Wagener, con domicilio en la ciudad de Hernandarias, departamento de Alto Paraná.

Es contra los linderos, al Sur, Puertos y Estibajes S.A., de Fénix, representada por los ingenieros Julio Martínez Trueba y José Fassardi; al Norte, la empresa Golden Works S.R.L., representada por Enrique Hellmers, Norman Hellmers y Fernando Hellmers. Al Este, el señor Horacio Giménez.

También el demandante pidió notificar a los presidentes de las firmas adyacentes de Puerto Caacupemí S.A. y Puerto San José S.A.

El denunciante acusa a los directivos de Fénix S.A., Julio Martínez Trueba y José Fassardi, de fabricar un título falso en connivencia dolosa con funcionarios de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, para así supuestamente burlar a posibles interesados en la compra de la propiedad ubicada en el lindero norte del puerto citado, sobre la hidrovía, a quienes se les indica en forma fraudulenta que el terreno ya habría sido adquirido por la empresa portuaria.

Ramírez Alvarenga también involucra a directivos de otros puertos vecinos, como San José y Caacupemí, en el intento de avasallamiento de su propiedad, e incluso afirma que en forma artificial arman una trama para despojar al legítimo propietario del valioso inmueble, sin pagarle un solo centavo.

 

HC estaría detrás

El intento de despojo a Ramírez Alvarenga se habría fraguado cuando aún fungía Horacio Cartes como presidente de la República, quien estaría vinculado al holding de Puerto Fénix a través del abogado Pablo Livieres Guggiari, el vicepresidente de la firma a partir de 2017, ejerciendo siempre la presidencia el ingeniero Julio Martínez Trueba, el antiguo directivo de la citada empresa portuaria.

La expansión de las operaciones portuarias del complejo Fénix-Caacupemí-San José se estaría realizando con la exhibición de títulos falsos e incluso en abierta violación de la Ley 3001/06, de Servicios Ambientales, que obliga a las obras con alto impacto ambiental a realizar compras de certificados de la Seam (actual MADES, Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sustentable), como el caso de los puertos.

Puertos y Estibajes S.A. se opone al juicio de deslinde que le promovió su vecino lindero porque teme quedar en evidencia que ocupa varias hectáreas de tierra fiscal adyacente al recinto portuario, afirmaron las fuentes judiciales.

HC formaría parte del holding empresarial que maneja Puerto Fénix, de Mariano Roque Alonso (Central), conocido en la jerga naviera como el “Puerto Narco” por las sucesivas incautaciones de drogas ocurridas en dicho recinto portuario, indicaron fuentes judiciales.

El caso litigioso se llevaba inicialmente en el juzgado en lo civil de Luque, a donde fue a recalar el proceso por decisión de la Corte Suprema, pero Puerto Fénix no aceptaba la jurisdicción y trataba de entorpecer los trámites hasta el punto de haber querido influir sobre algunos organismos oficiales como la Procuraduría General de la República y la Prefectura Naval de la Armada Nacional.

No pudiendo el “Puerto Narco” obtener el beneplácito del procurador Sergio Coscia, y tras volver el juicio a un juzgado de la capital, ahora corresponde que la acción judicial continúe con la mensura y deslinde que comprobaría la ocupación ilegal.

Ante la necesaria determinación y cuantificación de las tierras del Estado ocupadas presuntamente por los puertos privados, y por la magnitud de los recursos que podría recibir el Estado para satisfacer ingentes necesidades en salud y educación, el procurador no tuvo otra salida que aceptar la continuación de la “Res Litis” para comprobar la exactitud de la denuncia efectuada por uno de los propietarios linderos de Puerto Fénix.

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