Harán denuncia penal contra mafia judicial en caso tierras Destacado

Escrito por  Publicado en EN DESTAQUE Miércoles, 07 Febrero 2018 16:14
Harán denuncia penal contra mafia judicial en caso tierras La justicia en nuestro país es un artículo de lujo, que sólo favorece a los que tienen dinero o poder político. Los audios revelados recientemente pusieron al desnudo cómo operan los traficantes de influencia.

Después del terremoto de los audios, viene un verdadero “tsunami” contra magistrados de la circunscripción de Misiones y tres ministros de la Corte Suprema, que dieron luz verde al despojo de propiedades que sufriera Andrea Susana EberthardRoitner, una ciudadana de Itapúa.

Además de las personas directamente involucradas en el “affaire” que pretendieron alzarse con tierras entre las que se encuentran fincas en Iruña y Naranjal, Alto Paraná, los jueces podrían ser denunciados en la fiscalía por varios delitos, según anunció el abogado Alfredo Wagener. Además, la defensa de la señoraEberthard podría acudir igualmente al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

De la indefensión judicial en que se encontraba, ahora la afectada ya ha presentado una acción autónoma de nulidad en San Juan Bautista, Misiones, aparte de la denuncia penal que se efectuará en los próximos días.

El problema está en que el caso llegaría hasta muy alto, a la misma Corte, porque una verdadera mafia judicial ha sido desenmascarada después que tres ministros de la Sala Constitucional avalara un caso repleto de visibles irregularidades, y que desembocara en la “expropiación” de propiedades en el Alto Paraná, en los distritos de Iruña y Naranjal, sin que su legítima propietaria sea escuchada ni menos defendida por la máxima instancia de la Justicia en nuestro país.

Estamos acostumbrados en el Paraguay como un hecho común que no se respete el derecho de propiedad, con las invasiones y ocupaciones de tierras privadas, pero la corrupción judicial, tan difundida últimamente a través de las grabaciones que destaparon un descomunal tráfico de influencias que involucran a políticos y magistrados en el ámbito del Jurado de Enjuiciamiento, ahora llegó a su cenit con el expolio sufrido por la ciudadana Andrea  Susana EberhardtRaitner, residente en Itapúa, quien fue despojada de sus propiedades sin que la administración de Justicia le diera participación en un proceso totalmente viciado.

La conexión política

Con el caso que involucra a la ciudadana de Itapúa, los famosos “audios” que acusan a políticos, abogados, magistrados y funcionarios judiciales que revelan una espeluznante corrupción, son confirmados por el expediente armado en contra de los intereses de la señora Andrea Susana, quien si no accionara con el recurso de nulidad, podría perder todas sus propiedades, recibidas de su ex esposo, Ronald ArmínLautenschlagerVerruck, también residente en Itapúa.

Como demostrando que sin protección política resulta muy difícil torcer la vara de la Justicia, la “expropiación” sufrida por Eberhardt se consumó en el juzgado civil de San Juan Bautista, Misiones, a cargo de Nancy Larré, quien es prima hermana del diputado cartista de Itapúa Luis Larré.

Para empezar, resulta llamativo llevar el caso fuera de su jurisdicción natural, Itapúa, a otra circunscripción como la de Misiones, precisamente porque no fue posible conseguir el visto bueno de un magistrado para avalar el adefesio jurídico de desconocer nada menos que una escritura pública que ampara la propiedad real de una persona, lo que ocurrió por decisión de la jueza Larré.

Por oficio del 29 de abril de 2016, la jueza comunicó a la dirección de Registros Públicos la medida cautelar de anotación preventiva de Litis y la prohibición de Contratar con respecto a la Finca N° 848, Padrón N° 18, del Distrito de Iruña, inscripta el 22 de octubre de 2009 a nombre de Ronald ArmínLautenschlagerVerruck, que en esa época ya estaba casado con Andrea Susana Eberhardt. Por lo tanto, un bien ganancial de la sociedad conyugal, que luego en 2015 fue objeto de división en un 50 por ciento por efecto de la disolución de bienes y divorcio de la pareja. Lo mismo se hizo constar con referencia a las propiedades de Naranjal.

La sentencia de primera instancia pasó sin complicaciones la cámara de apelaciones, también de Misiones, para llegar a la Corte Suprema, Sala Constitucional, donde los ministros Antonio Fretes, Gladys Bareiro de Módica y Miryam Peña Candia, rechazaron en octubre pasado sin analizar la acción de inconstitucionalidad contra el despojo, pese a que era notoria la indefensión de la señora Eberhardt, a quien nunca se le dio participación ni se le notificó de la “expropiación”.

Inseguridad jurídica total

Lo ocurrido a la señora Andrea Susana Eberhardt demuestra la indefensión e inseguridad jurídica total de la ciudadanía como resultado de la colusión corrupta existente entre la cúpula política y la administración judicial, revelada con la propalación de los audios del JEM.

Las espeluznantes revelaciones de las grabaciones son confirmadas ahora por el expediente del caso del verdadero “robo” perpetrado en contra de los intereses de la mujer a punto de ser estafada con la bendición de magistrados venales.

Lo peor del caso es que si leían bien el expediente, los ministros de la Sala Constitucional jamás podrían haber rechazado sin más trámite la acción de defensa de los derechos de una propietaria legítima. Se aprecia notoriamente que en la cuestión entraron a tallar consideraciones extrajurídicas, o bien vino una “orden superior” que obligó a desconocer olímpicamente el derecho inalienable de propiedad.

El adefesio jurídico tomó cuerpo con la mala fe manifiesta para pisotear el derecho, una vez que la familia del ex esposo de Andrea Susana se propusiera “expropiar” los bienes obtenidos por ella en la disolución conyugal. Con el concurso venal de magistrados dispuestos a todo para distorsionar el derecho,  ni seis meses después de la anotación en los registros de los derechos de la mujer, realizada en noviembre de 2015, en abril de 2016 la jueza Larré ya comunicaba la medida cautelar de no innovar sobre los inmuebles recibidos con autorización judicial tras el divorcio de la pareja formada por Andrea Susana Eberhardt y Ronald ArmínLautenschlager.

 

Un documento sirve para demostrar lo torcida que está la Justicia paraguaya: se hizo valer un supuesto acuerdo privado en la familia Lautenschlager, entre abuelo, padre e hijo (Ronald Armín) para que el juzgado desconociera la escritura por la cual se fundamenta el derecho de propiedad de Andrea Susana. 

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