Escribe: Luis Alen.

La decisión del Mercosur de permitir la habilitación de tiendas libres de impuestos en las zonas de frontera, resulta una medida necesaria como compensación a la “competencia desleal” de los free shops establecidos por Brasil en sus ciudades fronterizas.

Ya se había encendido la alarma en el comercio de Ciudad del Este por el free shop autorizado en Foz de Yguazú, que se agregará al similar habilitado por la Argentina en la misma zona de frontera, en la entrada a Puerto Yguazú.

Es cierto que CDE tiene de por sí un status especial y muy dependiente de la venida de los compristas brasileños, sujetos a la cota de 300 dólares que sigue vigente hasta ahora. Además, los empresarios esteños y de otras ciudades de frontera como Pedro Juan Caballero y Salto del Guairá, se basan en el régimen especial aduanero de turismo, pero próximo a ser renegociado precisamente en el Mercosur.

El nuevo contexto fronterizo a nivel Mercosur, estructurado a partir de la última resolución 64/18 del Grupo Mercado Común, abre interesantes alternativas para reestructurar el comercio, que juntamente con el desarrollo hotelero, especialmente en Ciudad del Este, puede dar claras ventajas comparativas a nuestro país para impulsar definitivamente el modelo de turismo de compras.

 

Preparan reglamentación

En el sector comercial importador de Ciudad del Este y demás ciudades de frontera se ve con optimismo la posibilidad de implementar y reglamentar la nueva normativa del Mercosur, que brinda a los países miembros la vía libre para habilitar tiendas libres de impuestos en las ciudades fronterizas para venta de productos importados a turistas, en cantidades que no permitan presumir su utilización con fines comerciales.

En el caso específico de Ciudad del Este, el relanzamiento de su pujanza comercial como un gran “shopping a cielo abierto” en base al turismo de compras, nacional e internacional, espera aún el plan específico que deberá ser instrumentado por las autoridades en conjunción con las fuerzas vivas de la región, en armonía con un programa de reconversión urbana de la capital del Alto Paraná.

La nueva opción de las tiendas libres de impuestos a nivel Mercosur será así como un complemento necesario en la estrategia de afianzar las ventajas comparativas de CDE frente al Free Shop de Foz de Yguazú.

Pero, en definitiva, donde  se debe poner toda la carne en el asador es la atracción que se debe brindar  al turista para visitar Ciudad del Este y conocer sus atractivos naturales y urbanos, incluyendo la represa de Itaipú y, por supuesto, la posibilidad de realizar compras de productos  en el “gran shopping urbano”.

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Aprovechando un título presuntamente falso, Puerto Fénix S.A. estaría ampliando su actual predio de 65 hectáreas para la operación de contenedores de exportación e importación. Su ubicación presente en Mariano Roque Alonso, a pocos kilómetros aguas arriba de Asunción sobre el río Paraguay, ya le resultaría exigua y sus directivos estarían pretendiendo expandirse, pero a costa de un vecino a quien buscan despojar de su propiedad con documentos ilegales.

 

No es la primera vez que directivos de Puerto Fénix, encabezados por Julio Martínez Trueba, son acusados de maniobras oscuras, ya que también en el sector naviero la instalación portuaria privada es catalogada como un “puerto narco”, donde en varias ocasiones cayeron cargamentos de droga, especialmente cocaína, que iban a ser embarcados ocultos en otras mercaderías legales dentro de contenedores de exportación, con destino a Europa, Asia y África.

Es lo que se infiere de una denuncia presentada en tribunales por Alberto Claudio Ramírez Alvarenga, domiciliado en Hernandarias, Alto Paraná, quien es propietario condómino de un terreno lindante al norte con Puerto Fénix, sobre la hidrovía. La finca tiene el número 3.960 y se halla inscripta en la Dirección de los Registros Públicos desde 2014.

Sin embargo, ahora los directivos de la firma portuaria aducen que la propiedad lindante de Ramírez Alvarenga formaría parte de un sector en litigio en el cual tendría derechos Puerto Caacupemí, que se halla más al sur de Puerto Fénix. Para materializar el despojo, estarían en colusión dolosa con funcionarios venales de la municipalidad de Mariano Roque Alonso, que habrían ayudado a confeccionar el documento apócrifo, de acuerdo con la denuncia, juntamente con los propietarios también linderos de la firma Golden Works S.R.L., representada por Enrique, Norman y Fernando Hellmers.

La maniobra de despojo urdida contra Ramírez Alvarenga se habría ya armado cuando aún fungía como presidente de la República Horacio Cartes, quien estaría vinculado al holding de Puerto Fénix  a través del abogado Pablo Livieres Guggiari, otro de los directivos de la citada empresa portuaria.

Precisamente, Livieres Guggiari es la firma de abogados que representa a Puerto Fénix en la demanda instaurada por Ramírez Alvarenga para el deslinde de su propiedad en relación a sus vecinos.

 

Admiten la demanda

Como una muestra de los tiempos de cambio en la Justicia tras la salida del poder de Cartes, la jueza Patricia Samaniego, del juzgado de Luque, admitió la demanda de deslinde presentada por Ramírez Alvarenga y corrió traslado a la firma Puerto Fénix S.A., además de los otros propietarios lindantes en litigio.

Serán notificados el citado Julio Martínez Trueba, presidente de Puerto Fénix S.A., y José Fassardi, directivo de la misma firma, además de Fernando Hellmers, Enrique Hellmers, Norman Hellmers y Guillermo Hellmers, de Golden Works S.A. así como los presidentes de Puerto Caacupemí S.A. y Puerto San José S.A., todos domiciliados en Mariano Roque Alonso. Y el señor Horacio Giménez, otro propietario lindante.

Este litigio surge cuando Puerto Fénix S.A. se halla encarando también su expansión internacional, con su participación en el ensamblaje de una UTE (Unión Transitoria de Empresas) para la explotación del puerto multipropósito de la ciudad de Posadas, Argentina.

Los miembros de la Asamblea Legislativa de la provincia de Misiones habían solicitado informes puntuales sobre Puerto Fénix S.A. por las acusaciones que pesarían sobre ésta por alentar el supuesto envío de drogas en contenedores sin ningún control en sus instalaciones portuarias de Mariano Roque Alonso.

El portal Misiones Opina se hace eco de las denuncias que pesan sobre Puerto Fénix S.A., informando también que los pliegos de la licitación del puerto de Posadas serán analizados detenidamente antes de la adjudicación, que está pensada para la UTE integrada por Puertos y Estibajes S.A. (de Puerto Fénix) y Amazon Importación y Exportación S.R.L. y si cumplen con la rigurosidad y complejidad exigidas los requisitos para la explotación de las instalaciones portuarias de Posadas.

En la nota firmada por el diputado Fernando Oz, de la Legislatura misionera, se realizó una radiografía de los antecedentes de las firmas que están por hacerse cargo de la operación del flamante puerto. “La socia de la firma de Almirón en la UTE armada para la ocasión es la paraguaya Puertos y Estibajes S.A., una empresa perteneciente a Julio César Martínez Trueba, dueño del Grupo Puerto Fénix. El holding del empresario de doble apellido estaría bajo la lupa de la DEA (Drug Enforcement Administration) de los EE.UU., por estar presuntamente vinculado a causas de exportación de drogas hacia Europa y África”, expresa la columna periodística publicada en ese medio de la provincia de Misiones, Argentina.

Publicado en EN DESTAQUE

Escribe: Luis Alen.

 

 

El presidente Mario Abdo Benítez volvió a reiterar que no le temblará el pulso en el combate a la corrupción, el narcotráfico y el lavado de dinero, reafirmando esta posición invariable en el inicio del nuevo año ante exponentes de su círculo áulico, revelaron fuentes bien informadas.

 

Hizo esta reafirmación porque han sido incesantes las insinuaciones de algunos integrantes de la dirigencia de Colorado Añetete, de tender algún puente de diálogo con Horacio Cartes y Javier Zacarías Irún, los dos más conspicuos líderes de Honor Colorado.

Marito sabe que un “abrazo republicano” con HC y ZI implicará no precisamente mayor gobernabilidad, sino, por el contrario, arriar la bandera de la guerra sin cuartel a la narcopolítica, que se ha enseñoreado del país durante la gestión cartista.

El acuerdo por la “paz partidaria” llevará sin rodeos a un pacto de impunidad que no significará mejor gobernanza para Abdo, sino, todo lo contrario, caer de nuevo en las garras de quienes prácticamente le ubicaron a la República en la lista negra de Estados Unidos por la protección al lavado de dinero y a los traficantes de todo pelaje, tanto en la frontera como a nivel país.

Es que HC busca por todos los medios presionar por su impunidad, a contramano de la tendencia en la comisión bicameral que investiga sus conexiones con el lavado de dinero del “doleiro” y “hermano del alma”, el brasileño prófugo Darío Messer.

Mientras, ZI trata de zafar la investigación de la fiscalía a su clan familiar y de las consecuencias de la intervención a la comuna de Ciudad del Este, cuya interventora, María Carolina Llanes, cuenta con el respaldo total de Marito.

 

Alianzas incómodas

La gente y los analistas políticos se preguntan por qué Marito tarda tanto tiempo en bajarle el pulgar a HC y ZI, especialmente en el caso de éste último. En relación a Zacarías Irún, su clan familiar está pendiente de las investigaciones fiscales para una imputación por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y otras graves acusaciones de manejo irregular en la administración de la municipalidad esteña.

Pero cualquier ciudadano sabe que Marito tiene todo el poder para pedir a la fiscalía una mayor celeridad en la investigación contra ZI, así como ya se acelera la arremetida contra Cartes en la comisión bicameral presidida por el senador Rodolfo Friedmann.

Puede ser que no cuadren aún los tiempos políticos para Marito, en vista de la necesidad de cohesionar su frente interno en la ANR. Esto, a pesar de la criticada tendencia a “rifar” cargos públicos para tener contenta a la tropa de Añetete y a atraer adhesiones hasta incómodas, como la de Nicanor Duarte Frutos, quien hace y deshace “a piacere” en Yacyretá, con tal de estar alineado a Marito en la lucha contra HC y ZI.

No le queda al abdismo otro mejor proveedor de fondos que la “caja chica” de las binacionales, Itaipú y Yacyretá, para encarar la dura campaña que se avecina para las internas y las municipales del año próximo. Porque las cartas están echadas, y al cartismo no le queda otra opción que la pugna política para retomar protagonismo y evitar algún destino judicial para HC.

El presidente debe también tener a raya la presión, mucho más fuerte en lo personal, que se atribuye según las fuentes consultadas al “grupo financiero y empresarial” encabezado por su hermano de madre el ministro de Hacienda, Benigno López, quien hasta tendría relacionamiento con el ex hombre fuerte cartista entre bambalinas del poder, el tabacalero José Ortiz, para tratar de influir en una “moderación” de Marito en su ímpetu investigador contra la “mafia” de frontera del lavado y los tráficos, que estaría bajo la supuesta protección de HC.

Como toda respuesta a estas presiones políticas y familiares, Marito autorizó una operación fulminante de la Senad de Arnaldo Giuzzio en vísperas de Navidad contra los puertos clandestinos de Salto del Guairá por donde salen a borbotones miles de cajas de cigarrillos con destino al Brasil, en su mayoría de propiedad de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa)

También a finales del año pasado, durante el encuentro que mantuvo con industriales, ganaderos y productores en el marco de un conversatorio en el BCP, Marito reafirmaba la confianza a la gestión de sus ministros y pidió a sus antecesores que lo dejen trabajar con el pueblo. Este mensaje apuntaba a Horacio Cartes, con quien tiene una fuerte confrontación política.

Abdo reafirmó que su administración está emprendiendo una fuerte lucha contra la corrupción y el lavado de dinero. “Estamos luchando como nunca antes contra el narcotráfico y el lavado de dinero en Paraguay”, apuntó.

Remarcó que en Paraguay tienen que funcionar las instituciones y en esa línea, se seguirá en la lucha contra el crimen organizado.

Anunció que para el Presupuesto 2020 solicitará al Congreso una previsibilidad no menor a US$ 30 millones por año para mejorar la capacidad operativa en materia de seguridad. Esto atendiendo el reclamo del sector productivo y ganadero ante los repetidos casos de inseguridad y el ataque del grupo armado irregular en el Norte.

El presidente señaló que su Gobierno no permitirá la corrupción. “No me va a temblar la mano para sacar a cualquier colaborador mío por más cercano que sea, si toca lo que no es suyo. Es un compromiso”, significó. Dijo que los jueces saben que tienen un presidente que no le va a llamar a presionar para maniobrar en algunos casos que estén en la justicia. “Que sean valientes, que luchen contra la corrupción y que se acabe la impunidad en Paraguay”, sentenció ante el aplauso de los ganaderos y los industriales.

 

El ocaso del “Honorable Clan”

El ocaso político del “Honorable Clan” aparece como irreversible, aunque todavía Javier Zacarías Irún pueda pensar en alguna salvación de la mano del inicio de la interna colorada para la junta de gobierno de 2020.

Lo cierto es que el tan mentado blindaje judicial de ZI, vigente hasta la fecha, tiene fecha cierta de ruptura, en cualquiera de los escenarios que hasta ahora se están montando por parte de los protagonistas principales de la pulseada política por el poder máximo de la República: Marito Abdo y Horacio Cartes.

Es que el clan ZI difícilmente pueda sobrevivir políticamente en el nuevo proceso generado por la arremetida sin claudicación de Marito en la lucha contra la impunidad y los negocios turbios de la era Cartes.

A pesar que existe algún atisbo de esperanza para Javier, en que un debilitado Horacio tenga que contar con su socio “esteño” para aglutinar fuerzas en la interna del año próximo, lo que se viene más bien es un cóctel poco sabroso para ZI, ya que, sin lugar a dudas, el posible “pato de la boda” de un eventual pero poco probable “abrazo republicano” HC-Abdo, podría ser el mismísimo clan Zacarías.

Es más posible inclusive que el cronograma anti-impunidad de Marito prevea que sobrevenga primero la caída del clan ZI, para luego asestar el golpe decisivo a HC, casi con seguridad después de las conclusiones de la comisión bicameral que investiga la conexión de Horacio con su “hermano del alma” Darío Messer.

Esto indica inequívocamente que resultaría inexorable la extinción política del clan esteño, más aún porque la profundización de las investigaciones por lavado de dinero y otros “negocios mal vistos” por Estados Unidos en la frontera, podrían demostrar la protección política generada por el maridaje HC-ZI para amparar los distintos tráficos de frontera que luego sirven para alimentar a los financistas del terrorismo, siempre según la percepción de las agencias norteamericanas.

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