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El negocio de la piratería sigue floreciente en la capital del Alto Paraná, Ciudad del Este, apuntado por algunos como el centro de la ilegalidad en esta triple frontera. Un grupo de fiscales y abogados serían parte de una rosca que ofrece protección a este negocio ilegal. A pesar de que la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, creó seis unidades de marcas, sin embargo el resultado del combate a la ilegalidad es prácticamente nulo.

 

La piratería sigue sin ser desarticulada y cada día sus tentáculos están más fuertes, producto de la complicidad de los agentes fiscales, que en lugar de intervenir los puntos de comercialización de productos piratas, aparentemente se limitan a ofrecer protección a cambio de jugosas coimas y así continuar minando el mercado de productos falsificados.

El esquema mafioso en la actualidad está intacto, aun con el cambio de gobierno, cuyo vicepresidente, Hugo Velázquez, precisamente fue fiscal adjunto en esta región y quien supuestamente se encargó de comandar la rosca mafiosa. Tampoco la asunción de la nueva fiscal general del Estado Sandra Quiñónez hizo que las cosas cambiaran, al contrario, pareciera que quienes operan al margen de la ley están más “seguros”.de desplegar sus actividades ilícitas.

 

Secreto a voces

La existencia de un esquema mafioso que opera en  el microcentro de Ciudad del Este para proteger a los comerciantes  de productos piratas es un secreto a voces. Esta rosca estaría comandada por la pareja Horacio Bisso y Sandra Martínez, quienes tendrían directa injerencia sobre los fiscales marcarios, principalmente, sobre el delegado Adolfo Santander y Oscar Delfino, quienes son los principales involucrados en el esquema, acorde con los datos. También son parte de esta unidad los fiscales Rubén Lial, Adriana González, Miguel Vera y Julio Ortiz.

Poco después de asumir el cargo, Quiñónez había designado a varios fiscales de su confianza al frente de las unidades especializadas en marcas. Entre los mimados aparecen, precisamente, Santander y Delfino,  quienes precisamente fueron los encargados de hacer alinear a los comerciantes en un principio con la ejecución de varios procedimientos de “aprietes”, práctica comúnmente adoptada por los fiscales a fin de hacer que los comerciantes de productos falsificados finalmente paguen la coima, para así tener derecho a operar en el microcentro, según denunciaron un grupo de abogados de Ciudad del Este, que conoce muy bien cómo funciona el “negocio”.

La pareja Bisso-Martínez cuenta con un secretario que se encarga de visitar a los más de sesenta comerciantes del microcentro de la capital departamental a fin de retirar la cuota mensual, que es bastante variada, atendiendo a la magnitud del movimiento del negocio, informó nuestra fuente.

La recaudación supuestamente supera los 150 mil dólares y en parte es distribuido a los fiscales marcarios quienes solamente esperan recibir su dinero cada fin de mes. Existen versiones que incluso el dinero recaudado por la protección de productos piratas también llega a Asunción, para la corona, razón por la que no hubo determinación que pudiera terminar con el viejo esquema de protección a la comercialización de productos piratas.

 

Innecesaria seis unidades

Sandra Quiñónez, como nueva fiscal general del Estado tampoco hizo que soplara nuevo aire por esta zona fronteriza del país, donde todo continúa igual, incluso, la misma, dispuso la multiplicación de más unidades especializadas en delitos marcarios, aparentemente en su afán de tener control sobre el área de mayor recaudación en materia de coimas, que es el “mundo de las marcas”.

 

Actualmente en el Ministerio Público de Ciudad del Este innecesariamente existen seis unidades especializadas en marcas. Esto tras la disposición de Quiñónez de aumentar de tres a seis las unidades que deberían encargarse de investigar ilícitos en torno a cuestiones marcarias y contrabando, pero desde que tomaron  el cargo no han hecho nada, donde lejos de castigar e investigar a los pirateros y contrabandistas, gozan de una disimulada protección.

Publicado en EN DESTAQUE

Cuatro oferentes se presentaron en la Licitación Pública Nacional Nº 1206-18, organizada por la Itaipú Binacional, con sus propuestas para la construcción de la solución vial peatonal y vehicular a la altura del Kilómetro 7 de la Ruta José Gaspar Rodríguez de Francia, de Ciudad del Este, por donde transitan unos 60.000 rodados por día.

 

Se trata de la obra de paso a desnivel de mayor envergadura que se encara en el país, con una inversión estimada en torno a 71.000 millones de guaraníes, que las autoridades paraguayas de la Binacional impulsan en cumplimiento de la responsabilidad social, constituyéndose en uno de los proyectos emblemáticos del eje de gestión infraestructura.

Durante la sesión pública realizada en el Salón de Licitación de la Dirección Financiera de la Itaipú, en Hernandarias, cuatro proponentes nacionales presentaron sus sobres de oferta económica y de habilitación técnica, jurídica y financiera.

Uno de los oferentes es el Consorcio Vial del Este, integrado por Tecnoedil SA y Constructora Acaray; el otro es la Constructora Benito Roggio e Hijos. También se presentó el Consorcio Vial Paraná, conformado por Los Trigales SA y Sociedad Constructora Chaco. Completa la lista el consorcio LCS, integrado por López Comercial y Somage.

La Comisión de Licitación evaluará los documentos que incluyen el proyecto ejecutivo y la construcción de la solución vial y urbanística definitiva a la problemática del tránsito en el punto neurálgico de Ciudad del Este, que es el kilómetro 7, donde concurre la mayor cantidad de vehículos de la zona.

Según el cronograma establecido, a fin de año se tendrá definida la empresa adjudicada, para inmediatamente comenzar los trabajos, cuya ejecución demandaría unos 17 meses.

Técnicos de la Superintendencia de Obras y Desarrollo de la Itaipú recalcaron que se trata del paso a desnivel de mayor envergadura del país, con una superficie aproximada -en su área de influencia directa- de 150.000 metros cuadrado de obras, abarcando toda la franja de dominio de la Ruta 7, desde las proximidades del Kilómetro 8 hasta el Kilómetro 6,5 de la capital de Alto Paraná.

Además de la construcción de los pasos a desnivel, consistentes en puentes y excavaciones para trincheras y pavimentos, la obra contempla un plan de desvío de tránsito, de modo a mitigar –en lo posible– las interferencias y las molestias a la comunidad, en la intersección de la Ruta con la Avenida Perú y la Avenida Julio César Riquelme.

Para atender dicho requerimiento, la Itaipú ya viene encarando obras complementarias al gran proyecto vial, consistentes en la construcción de vías alternativas, tanto en la variante sur o lado Monday como en la variante norte o zona Acaray.

 

“Itaipú busca con este proceso la integración urbanística de la infraestructura. Esto contempla la solución óptima, tanto del tránsito vehicular como peatonal, de instalaciones de servicios, e integrado al entorno paisajístico, considerando que es una zona densamente poblada”, explicó Fernando Barúa, jefe de la División de Infraestructura y Mantenimiento, de la Superintendencia de Obras y Desarrollo de la margen derecha de la Entidad.

Publicado en LOCALES

El intendente de Presidente Franco, Roque Hernán Godoy (PLRA), había solicitado a la Junta Municipal, en agosto de este año, que apruebe un llamado a licitación pública para la reparación de aulas de instituciones educativas por G. 385.000.000. Los ediles aprobaron y finalmente el jefe comunal aumentó el monto a G. 770.000.000. Ayer, ocho concejales avalaron la irregularidad con un dictamen de “reconsideración” por un error, supuestamente, involuntario.

 

No sería la primera vez que Roque Godoy desoye al cuerpo legislativo, adjudicando montos mucho mayores de lo otorgado por la Junta Municipal a sabiendas que los concejales posteriormente avalarán los “errores involuntarios”. La concejal Julia Ferreira (PLRA) mencionó que lo mismo ocurrió en llamados a licitaciones para las mejoras en el parque Independencia, donde Godoy hizo un llamado por  G. 2.700 millones, cuando que el monto otorgado era de G. 1.085 millones.

“Es una situación vergonzosa. El intendente envió el martes último un mensaje aclaratorio y finalmente se dictaminó por la reconsideración. Acá hubo varias irregularidades, pues se borra con el codo lo que se escribe con la mano; se aprueba malversación de fondos y sin pedido formal del jefe comunal se reconsidera un monto de dinero ya aprobado. No pidió reconsideración y solo emitió un mensaje aclaratorio de lo ocurrido, que fue supuestamente error de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC)”, señaló la edil.

Otro antecedente que mencionó la concejal fue sobre la adquisición de una motoniveladora en el 2017 por G. 1.800 millones. “Se le aclaró que la disponibilidad presupuestaria del 2017 era solo de G. 900 millones y los otros G. 900 milllones para el ejercicio del 2018. Eso es plurianual, cuando compromete más ejercicios fiscales, en este caso de las remodelaciones de aulas no tuvo autorización de la Junta”, puntualizó.

Finalmente, en la sesión del martes pasado hubo dos dictámenes al respecto por parte de la Junta constituida en comisión, uno consistió en la reconsideración de la resolución y ampliación del monto otorgado por el error de formato y “omisión” de formulación del pedido que obtuvo los votos a favor de César Benítez (Indep.), Roberto Brizuela (PLRA), Semión Duarte (PLRA), Miguel Ángel González (ANR), Blanca Acuña (ANR), Lucio Vera (PLRA), Adolfo Acosta(ANR), Bartola Fernández (Indep.).

El otro dictamen consistió en  que el monto se adecue a lo autorizado por la Junta en su momento, dicho dictamen fue votado por minoría, es decir, por Julia Ferreira (PLRA) y Francisco Rojas (PLRA) con la ausencia de José Guerin y Wilfrido “Pilo” Benítez.

 

Accionar ante la justicia

 

“Tenemos antecedentes suficientes de que la Junta no le autorizó el llamado que él está haciendo y tiene una mayoría confabulada en el cuerpo legislativo. Por eso yo deslindo toda responsabilidad administrativa, civil o penal que me pueda comprometer y me reservo al derecho de hacer mi denuncia ante el Ministerio Público sobre lo ocurrido”, agregó la edil Ferreira.

Publicado en LOCALES

El abogado Pablino Cáceres, gerente ejecutivo de la Fundación Tesãi, visitó el Hospital  Ministro Costa Cavalcanti de Foz de Yguazú, Brasil. Lo hizo acompañado del doctor Jorge Cabral Basalik, gerente financiero y el ingeniero Claudio Piatti Ibarra, gerente administrativo de la Fundación.

 

En la  ocasión fueron recibidos por el Lic. Rogerio Soares Bohn, director- superintendente y por el Dr. Valter Da Cruz Texeira, director técnico del mencionado Hospital brasileño, quienes valoraron el interés y la voluntad de los administradores paraguayos de  iniciar una nueva era de relacionamiento institucional sostenible en el tiempo. 

El abogado Pablino Cáceres, se mostró gratamente impresionado por el cálido recibimiento de los directivos del Hospital a la comitiva paraguaya, quienes le hicieron saber de la imperiosa necesidad de establecer alianzas estratégicas para que en una mancomunión de esfuerzos ambas instituciones puedan coordinar acciones conjuntas para fortalecer la salud en la región, sin importar fronteras o barreras culturales.

El encuentro sirvió de base para realizar intercambios de conocimiento médico, hospitalar, administrativo y financiero para el mejoramiento del andamiaje institucional, con el objetivo de  acompañar los avances en tecnología, innovación, modernización, procedimientos médicos y actualización científica.

El doctor Jorge Cabral Basalik,  dijo que según los registros del Hospital Costa Cavalcanti es  la primera visita realizada en  muchos años por gerentes de la Fundación Tesãi, por lo que el  actual equipo gerencial  quiere marcar la diferencia estableciendo vínculos de cooperación mutua entre ambos hospitales, con una transferencia fluida de conocimientos, actualizaciones y novedades médicas que redunden en beneficio de los asegurados, dependientes y usuarios.

 

Los visitantes hicieron un amplio recorrido por las instalaciones y dependencias  del Hospital Ministro Costa Cavalcanti en compañía de sus directivos, saludando y escuchando las explicaciones de los jefes de servicios, médicos y  personal de blanco, quienes a la vez se mostraron interesados de visitar en breve la Fundación Tesãi de Ciudad del Este con el propósito de retribuir y corresponder la invitación cursada por sus pares paraguayos. 

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Una eventual victoria de Olimpia ante Cerro Porteño, lo pondría a un paso de conquistar el bicampeonato, el Apertura y el Clausura, edición 2018. La diferencia, en estos momentos, es de 7 unidades. El encuentro del clásico está marcado para el domingo, a las 17:00 horas, en el estadio de los Defensores del Chaco.

 

El “Rey de Copas” es el favorito para este partido, atendiendo la campaña que viene realizando  y el rendimiento del plantel en cada partido. En su última presentación, terminó goleando, en su propia cancha, a Capiatá, por la cuenta de 4 a 1, donde todos los tantos fueron obras de Roque Santacruz, pasando a marcar un hito histórico en el fútbol paraguayo, en anotar cuatro goles en un solo juego.

Por su parte, el conjunto azulgrana deberá sumar de a tres si aun sueña quedarse con el torneo Clausura. En los últimos tres partidos, de 9 puntos posibles, solamente sumó 1, cayendo ante Libertad  y Sol de América y empató en el epílogo del juego ante el cuadro esteño del 3 de Febrero (1-1).

Se aguarda un lleno total del Defensores del Chaco, que tiene un aforo para 35 mil personas. El partido genera una gran expectativa, especialmente, en el público olimpista, atendiendo la gran fase por la que pasa el equipo, dirigido técnicamente por el argentino Daniel Garnero.

 

Situación del “3” se complica

 

El rojo paranaense dejó una vez más escapar una victoria cantada, cuando Cerro logró empatarle en los últimos 30 segundos, en tiempo del descuento. Ahora deberá sumar de a tres en los partidos que le quedan, si desea mantenerse en la división profesional del fútbol nacional. El sábado recibirá en el “Antonio Aranda” de Ciudad del Este a Independiente de Campo Grande, que empató en su último encuentro ante Sol de América (2-2).

Publicado en DEPORTES
Jueves, 01 Noviembre 2018 09:00

¡Imputación ya!

Esta es la expresión que suena al unísono entre los pobladores honestos de Ciudad del Este, y que se hace oír con mayor fuerza en cada movilización de la ciudadanía, donde clama a la justicia paraguaya castigo para los integrantes del clan Zacarías.

 A nadie escapa, que el país está regado de corrupción, la ciudadanía, principalmente esteña, ya está perdiendo, nuevamente, la esperanza, y teme que la investigación a este grupo político fronterizo termine en el folclórico “opa rei”.

En ese sentido, la ciudadanía honesta de la capital del Alto Paraná mantiene fija la mirada en la fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, a quien nadie escapa de su estrecha ligazón con el gobierno anterior, y en especial con el ex mandatario Horacio Cartes, como con varios personeros del régimen cartista, lo que lleva a generar dudas en su actuar, lo cual aumenta la sospecha por su llamativo silencio cómplice sobre la investigación al clan Zacarías.

A pesar de que cada día que pasa sobran evidencias de las andanzas del clan Zacarías, cuyos miembros hoy están investigados por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, asociación criminal, evasión fiscal, entre otros presuntos delitos.

Sin embargo, hasta hoy Javier Zacarías Irún, su esposa Sandra McLeod de Zacarías, y varios otros integrantes de esta rosca mafiosa continúan impunes, sin que la fiscal general tenga el coraje de imputar a los mismos.

Queda más que claro que hay una mano negra detrás de todo esto, atendiendo cómo se va manejando los hilos de la investigación. Primero, los involucrados pidieron la recusación de los cinco fiscales que venían realizando la investigación, encabezado por el abogado Leonardi Guerrero, hasta ahora no resuelta por Sandra Quiñónez, quien no reconfirmó a los mismos, ni mucho menos darles su respaldo institucional, como en este caso se esperaba.

La actitud y el comportamiento de la fiscal general del Estado genera muchas dudas, y la ciudadanía tiene todo el derecho de sospechar que la actuación de la máxima responsable del Ministerio Público del país es hasta selectiva. Con el diputado Ulises Quintana la justicia fue severísima, donde pareciera que los fiscales del caso actuaban por mandato de terceros. Y esto no es una afirmación de este medio, sino de los abogados de Quintana, que hasta dijeron que hubo “ensañamiento” con su cliente.

Paralelamente Javier Zacarías Irún, su entorno familiar y sus socios de “negocio” hace más de 17 años que roban y saquean Ciudad del Este, pero siguen sin recibir castigo alguno. Es más, hasta se pasan burlándose de la justicia. El clan Zacarías desde el 2001 tiene bajo su absoluto control el segundo municipio más importante de esta república

El Gobierno de Mario Abdo Benítez declaró la “guerra” a los corruptos, pero pareciera que no tiene el total acompañamiento de la justicia, donde aun queda una importante rémora de personajes nefastos, que se enriquecieron a costa del Estado y del pueblo.

Es necesario que exista un acuerdo entre todas las instituciones y organismos de fiscalización, para trabajar por la transparencia en las instituciones públicas. Pero para eso debe haber una clara voluntad política de las autoridades que tienen el control del poder, para buscar castigar a quienes dilapidan el dinero de todos los paraguayos.

 

Si la fiscal general está buscando extender, una vez más, un manto de impunidad para el clan Zacarías, de seguro que se encontrará con un murallón ciudadano y casi seguro que Quiñónez acabará en la función pública como su antecesor, Javier Díaz Verón.

Publicado en EDITORIAL

El movimiento comercial en Ciudad del Este se mantiene un poco alentador desde hace aproximadamente tres semanas. La suba del real frente al dólar colaboró para que el escenario mejore. En tanto, los empresarios aseguran que en comparación al año pasado, en el 2018 se sintió una merma del 75% en la actividad económica. Sin embargo, aseguran que la llegada del fin de año aumentará el ingreso de compradores en la ciudad.

 

El fin de semana último, el microcentro esteño recibió una importante cantidad de compristas, que aprovecharon la brecha entre el real y el dólar, cuyo valor se redujo considerablemente en las últimas semanas. Este escenario hace que los visitantes del vecino país no pierdan su capacidad de compras y opten por cruzar el Puente de la Amistad para adquirir productos disponibles en la zona céntrica.

Tanto empresarios como comerciantes de la vía pública afirmaron que la situación va mejorando paulatinamente, pese a que la semana pasada la actividad disminuyó debido a las persistentes lluvias.

El vicepresidente de la Cámara de Importadores y Comerciantes de Ciudad del Este, Said Taijen, sostuvo que el principal factor para que los turistas brasileños vuelvan a la ciudad fue el incremento del valor del real, que ahora se mantiene entre los 3,70 o  3,80 reales por dólar.

Sin embargo, resaltó que este año la merma en el comercio, en comparación con el año anterior, fue del 75%, en gran parte debido a la inestabilidad de la moneda del Brasil, causada por la crisis política. Dijo que espera que con el nuevo gobierno que asuma, luego de las elecciones, colabore con el crecimiento de la economía de dicha nación.

En tanto, manifestó que actualmente están esperanzados por el valor del real y la llegada de fin de año, temporada en que se incrementan de manera considerable las ventas y ayuda a compensar las pérdidas sufridas durante la mala racha.

También abordó la problemática de la habilitación de zonas francas en Foz de Yguazú, Brasil, al mencionar que actualmente analizan con el gobierno las medidas a tomar para hacer frente al nuevo escenario.

“Queremos también que se habiliten en Ciudad del Este las tiendas libres de impuesto, al igual que en el país hermano, para seguir siendo competitivos en el comercio”, apuntó y mencionó que de acuerdo a los datos, las primeras “lojas francas” se instalarían en marzo del 2018.

 

Agregó que solicitaron que actualice el Régimen de Turismo, que desde el 2016 no fue renovado y de esta manera agregar más mercaderías bajo esta modalidad de compra.

Publicado en ECONOMIA

“Mientras esta fiscal general del Estado (Sandra Quiñónez) siga en el cargo, el clan Zacarías va a seguir en la impunidad, porque ella encubre la investigación”, afirmó en la mañana del lunes pasado el concejal municipal de Ciudad del Este Teddy Mercado (PLRA). Fue al hablar sobre la paralización de las investigaciones respecto a la causa abierta contra la intendenta y su marido, por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero, asociación criminal y otros.

 

 

“El que se fue es un bandido (Javier Díaz Verón) y ésta (Sandra Quiñónez) sigue el mismo camino. Hay tantos elementos para imputar a los Zacarías y no lo hace”, dijo además el legislador, al referir a la desconfianza de la Junta Municipal hacia el trabajo que viene haciendo la fiscal general del Estado, especialmente para imponer la impunidad a los ladrones del Este del país.

Publicado en POLITICA

La senadora patriaqueridista del Alto Paraná, Georgia “Nani” Arrúa, se refirió al intercambio de palabras de grueso calibre entre los senadores Paraguayo Cubas, Zulma Gómez y Enrique Riera, ocurrido la semana anterior en el pleno de Senado y aseguró que no debe volver a ocurrir. “Se tiene que bajar los decibles para que lo que ocurrió la semana anterior, no vuelva a (repetirse y volver a) pasar (por) este tipo de lamentables situaciones”, resaltó.

 

Consultada si corresponde o no una sanción para los legisladores que protagonizaron el bochornoso acto, explicó que de alguna manera se tiene que tomar medidas, a los efectos que no vuelva a ocurrir este tipo de hechos. A todos se les tiene que sancionar de alguna manera, de lo contrario el Congreso va a perder su nivel. No podemos caer en este tipo de situaciones, tenemos que ser serios o sino vamos a convertirnos en cualquier cosa”, afirmó.

La senadora Arrúa manifestó que el nivel del Parlamento se ha “rebajado” tras el fuerte intercambio de palabras entre los senadores, luego de la enérgica intervención del senador, también paranaense, Paraguayo Cubas. A raíz de ello, la legisladora sostuvo que “no es bueno incentivar la violencia”, al referirse a sus colegas e incluso hizo un llamado a la prensa, a los efectos de no darle énfasis a la violenta actuación de “Payo”, indicó.

Para la legisladora, la actitud de Payo, que generó la reacción de sus demás colegas, dejó en un nivel muy bajo al Congreso Nacional. “Estamos rebajando el nivel del Congreso. No somos baila conmigo Paraguay para hacer shows. Somos el Parlamento Nacional y nos merecemos respeto, pero, con este tipo de actos no lo vamos a lograr, al contrario, estamos perdiendo el respeto de la ciudadanía”, enfatizó.

No obstante, reconoció que la protesta del senador Cubas fue en su justa medida, aunque reveló que la manera en que lo hizo, fue violenta y fuera de lugar. “Payo no mintió. Estoy de acuerdo que se les multe a los colegas que no asisten a las sesiones porque fue eso lo que pasó. No hubo llegada tardía, los colegas no llegaron a tiempo y estoy de acuerdo que se les aplique el reglamento. En lo que no estoy de acuerdo con Payo es en la manera que protestó y de todo lo que dijo. Maltrató a las colegas y lógicamente, la actitud violenta, obtuvo una respuesta violenta”, aseveró.

 

La violencia entre parlamentarios enfurece aún más los ánimos de la ciudadanía, por lo que no es nada conveniente para el país este tipo de situaciones, dijo. Igualmente se refirió a la prensa en el sentido que, en algunas situaciones, apaña la actuación del controvertido legislador. “No es bueno incentivar la violencia, porque solo va a generar violencia. Muchas veces, esa violenta reacción de Payo, es apañada por la prensa y ahí es donde la gente confunde este tipo de actuaciones”, acotó.

Publicado en POLITICA

La mesa directiva de la Cámara de Diputados, encabezada por su presidente, Miguel Cuevas, resolvió que el martes que viene sea tratado el proyecto que reglamenta la pérdida de investidura del diputado Carlos Portillo. En este sentido, está pendiente el que afecta al parlamentario del Alto Paraná, sobre quien pesa una imputación por los delitos de tráfico de influencia, cohecho pasivo agravado, soborno y asociación criminal.

 

La fiscal Liliana Alcaraz fue quien imputó al diputado efrainista y el juez penal de garantías, Julia López, otorgó las medidas alternativas a la prisión, teniendo en cuenta que Portillo quedó sin fueros en enero.

Con la determinación de la mesa directiva de la Cámara Baja, se acorta el privilegio que está teniendo el legislador azul, ya que existen 51 colegas suyos que han solicitado la aplicación de esta figura, por lo que anunciaron que no desistieron en su intención de destituirlo, según trascendió.

 

Con nota urgen pedido

En ese sentido un grupo de ciudadanos había presentado el martes pasado al Congreso una nota en la que urgían a los legisladores el estudio de la pérdida de investidura del cuestionado diputado Carlos Portillo.

El pedido de urgimiento fue presentado por la abogada María Esther Roa, una de las integrantes del grupo llamado “Ciudadanos Autoconvocados C.A.G.E.”, organizado para las movilizaciones y escraches contra políticos corruptos.

La dirigente mencionó que no existe impedimento alguno para que el pleno de la Cámara de Diputados estudie de una vez la pérdida de investidura de Portillo. “No existe ningún obstáculo para la aplicación... La falta de reglamentación no es impedimento para que traten ese tema”, mencionó.

Señaló que es hora de que el cuerpo legislativo se sanee excluyendo a figuras como Portillo. “Nosotros queremos que los legisladores no solo tengan el título de ser honorables, sino que también lo demuestren con su conducta”, manifestó.

Recordó que el legislador “tiene muchas cuentas con la Justicia. Su conducta no condice con las normas éticas”, aseveró.

El mismo grupo ya había urgido hace casi dos semanas definir lo antes posible el tratamiento de la pérdida de investidura del parlamentario efrainista.

 

Carlos Portillo se encuentra imputado por tráfico de influencias desde enero pasado, luego de que se filtraran audios sobre aparentes pedidos de coima. Lo acusan de soborno, en grado de autor; cohecho pasivo, como cómplice, y asociación criminal.

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