Zapag debería pagar al Estado G. 7 mil millones por tierras

Escrito por  Publicado en NACIONALES Jueves, 08 Diciembre 2016 10:50
Zapag debería pagar al Estado G. 7 mil millones por tierras El empresario de Copetrol (foto) y titular del club Cerro Porteño tendría que indemnizar al estado paraguayo por usurpación de tierras, perteneciente al Indert.

La firma Cimportex, de la familia Zapag, debe pagar más de G. 7 mil millones por la regularización de ocupaciones de tierras fiscales pertenecientes al Indert, en una zona del Chaco limítrofe con Bolivia. La citada empresa, del grupo Copetrol, fue denunciada por supuesta invasión ilegal de tierras del Estado.

Ocupantes de tierras del Indert en Infante Rivarola, departamento de Boquerón, denunciaron ante la fiscalía a la firma Cimportex ICSA, de Juan José Zapag, por presunta adulteración de coordenadas georreferenciadas obrantes en los registros públicos y en la Dirección de Catastro.

El también presidente del club Cerro Porteño podría ser imputado como representante legal de la empresa citada, por el avance de 5 kilómetros que realizó sobre tierras fiscales, desconociendo anteriores anotaciones de linderos y amojonamientos, según consta en los documentos arrimados por los afectados, que son ocupantes y peticionantes de las tierras al Instituto Nacional de Reforma Agraria y de la Tierra (Indert)

Informada del hecho, la Procuraduría General de la República a través de su secretaria general, Leila Yambay, solicitó a los denunciantes, encabezados por Deolinda Elena Woroniecki Quintana, poner el hecho a conocimiento del Ministerio Público, a fin de que éste individualice a los responsables de la titulación ilegal, que afecta los intereses del Estado paraguayo y del Indert.

La empresa denunciada desplazó de lugar su anotación anterior en los registros, por más de 5.000 metros hacia el norte, invadiendo, ocupando y usurpando tierras fiscales, agravado por el hecho de que la firma no es sujeto de la reforma agraria, según lo afirmado por la Sra. María de los Ángeles Ramírez Ímas, otra de las personas afectadas por el traslado inconsulto de Cimportex-Copetrol.

Zapag dice que vale última inscripción

Como toda respuesta a la denuncia, representantes de Cimportex y de Juan José Zapag, afirmaron que la última inscripción realizada en los registros públicos es la que vale, es decir, la anotación que hizo migrar 5 kilómetros al norte a la tierra que era de su abuelo, el señor Gregorio Benítez, y avanzando sobre tierras fiscales.

La virtual invasión del inmueble perteneciente al Indert, no hizo sonrojar al titular del organismo, Justo Cárdenas, pese a que el Estado podría perder nada menos que G. 7 mil millones, atendiendo al actual valor de unas 5.500 hectáreas invadidas.

La Sra. Beatriz Aquino Giménez, otra de las ocupantes, denunció que al solicitar al Indert 1.200 ha. de las citadas tierras fiscales, se encontró con la sorpresa de la denegación del petitorio, conforme al dictamen del Ing. Misael Alcaraz, director de operaciones catastrales del ente estatal, con el argumento de que las mismas se superponen supuestamente con la “ocupación y posesión” de la empresa Cimportex ICSA, de los Zapag, y que además se hallaría afectada por otra solicitud de adjudicación del año 2013.

La empresa Cimportex en 2005 presentó un plano georreferenciado a la Dirección Nacional de Catastro donde ubica las tierras en cuestión que pertenecieran a Gregorio Benítez, abuelo de los Zapag, 5.400 metros de distancia al sur de donde hoy sus herederos las pretenden reubicarlas.

Gregorio Benítez fue adjudicado con las tierras fiscales en 1983, por las que hasta 1991 sólo abonó por 260 ha., y teniendo en cuenta que en la zona el valor fiscal por hectárea es de 545 mil G., realizando la conversión a precio actual, Cimportex debe abonar la suma de 3.620 millones de G., más los intereses por mora de 30 años. En realidad, por este motivo el Indert lo que debería haber realizado es la anulación del título.

Hay algo más: en 2014, Cimportex de los Zapag realiza una mensura judicial de la propiedad a su nombre por la cesión de derechos y acciones de los herederos de Gregorio Benítez, que luego en la sucesión del mismo se adjudica a la empresa mencionada, que no perfecciona el título por no poseer el certificado de pago otorgado por el Indert, en razón de que hasta la fecha se halla impago el inmueble.

Como agravante, con esta mensura Cimportex cambia las coordenadas gerreferenciadas, mojones, rumbos, linderos y superficie de la finca, distintos y diferentes a los que constan en el Servicio Nacional de Catastro y en la Dirección General de los Registros Públicos. Por cierto, las medidas originales de la propiedad de Benítez debieron permanecer inalteradas en la nueva titulación a favor de Cimportex.

Lo que hizo Cimportex de Juan José Zapag es adulterar y mover de su ubicación geográfica real, una propiedad que figuraba anteriormente registrada por Gregorio Benítez, y que aún no fue pagada totalmente al Indert. La nueva mensura de 2014 fue inscripta y mal concedida por el juzgado de Mariscal Estigarribia, según los ocupantes de las tierras del Indert, por lo que fue atacada de nulidad por ellos ante otro magistrado de la misma jurisdicción.

 

La maniobra de Zapag intenta apropiarse de tierras fiscales cometiendo una “legalización” de la usurpación de propiedades del Estado paraguayo, por 3.650 millones de G., según el valor de las tierras invadidas. A este monto se debe agregar otra suma igual si se hiciera valer el título original, por el cual debe abonar, debido a que Gregorio Benítez dejó de pagar su deuda al Estado.

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