Una denuncia en la fiscalía fue trasladada a su sede natural en Encarnación, después que un juicio civil en San Juan Bautista, Misiones, desembocara en el despojo de propiedades situadas en Itapúa y Alto Paraná. Lo grave del caso es que la acusación involucra al ex diputado cartista Luis Larré, quien durante su gestión habría influido para perpetrar la consumación del ilícito con la anuencia de una rosca judicial de la circunscripción misionera.

 

La Fiscalía de Encarnación debe investigar el caso del despojo de bienes que sufriera la señora Andrea Susana Eberhardt, a través de la rosca político-judicial en el tribunal de San Juan Bautista. Entre los posibles sujetos de imputación aparecen socios de la Cooperativa Colonias Unidas y hasta el ex diputado cartista por Itapúa, Luis Larré, quien habría cometido supuesto tráfico de influencias mientras era legislador en el anterior período constitucional 2013-2018.

La Cooperativa Colonias Unidas, presidida por Agustín Konrad, deberá informar a la fiscalía los domicilios reales de los socios involucrados, quienes son los denunciados: Fritz Armín Lautenschlager Verruck, Arbilio Natalicio Lautenschlager y Ronald Armín Lautenschlager.

Loa citados se hallan directamente afectados, junto al ex diputado Larré, por un caso de enajenación dolosa de propiedades en que habrían incurrido los socios de la cooperativa Colonias Unidas, a contramano de lo señalado en sus estatutos y en la ley de cooperativas, que hasta dispone la expulsión de los miembros que se involucren en maniobras ilegales.

Ahora el expediente se deberá ventilar en los tribunales de Encarnación, después que se intentara mantenerlo en San Juan Bautista, fuera de su natural jurisdicción, donde se habrían perpetrado los ilícitos denunciados al amparo de una rosca político-judicial.

En la circunscripción judicial de Misiones, liderada por el ministro de la Corte Antonio Fretes, fue imposible conseguir justicia para la mujer afectada por el expolio de sus propiedades.

 

Jueza, prima de exdiputado

Según la denuncia en la fiscalía, la rosca judicial se ampararía en la influencia que poseía hasta junio pasado el ex diputado cartista del departamento de Itapúa, Luis Larré, pariente cercano de la jueza Nancy Larré, de San Juan Bautista, quien fue la magistrada que concretó el despojo.

Lo peor del caso es que la Justicia no le dio a Andrea Susana la más mínima oportunidad de defensa, siendo rechazados todos los recursos interpuestos por ella, incluso ante la Corte Suprema, cuya sala constitucional ni siquiera dio trámite a una acción de inconstitucionalidad presentada, pese a la notoria arbitrariedad en un juicio montado al solo efecto de producirle un daño patrimonial muy importante.

Con esta situación se crea un precedente peligroso en el cual en otros casos se podría también acudir al expediente de un documento privado irregular para argumentar la cesión “simulada” de una propiedad, que pese a estar ya inscripta en los registros públicos tuvo posteriormente el desconocimiento de su escritura a través de una acción judicial de nulidad, promovida precisamente por los protagonistas de la cesión anterior al siguiente traspaso, ocurrido en una disolución conyugal.

Andrea Susana Eberhardt, con patrocinio del abogado Alfredo Wagener, promovió una acción autónoma de nulidad en la misma circunscripción de Misiones, con el objetivo de enmendar el adefesio jurídico y restablecer los derechos de propiedad de la afectada.

 

La maniobra dolosa

Para concretar el atropello al derecho de propiedad, es el hijo de Arbillo Natalicio, Fritz Armín Lautenschlager Verruck, quien se presenta ante la jueza Nancy Larré de San Juan Bautista, prima hermana del diputado cartista Luis Larré, para atacar de nulidad las escrituras públicas de 2009  y 2012 que sirvieron de base para la cesión del 50 por ciento de los bienes en la disolución conyugal de 2015, a favor de Andrea Susana. Todo con la intención de despojarle a ella de su legítimo derecho de propiedad.

Después de la indefensión manifiesta, la denuncia penal contra los socios de la cooperativa Colonias Unidas, por el caso de enajenación dolosa de propiedades en perjuicio de la señora Eberhardt, también residente en Itapúa, fue trasladado finalmente a la fiscalía de Encarnación, después que se pretendiera continuar con su juzgamiento en San Juan Bautista, Misiones, donde se habría “cocinado” la apropiación dolosa en connivencia con jueces venales.

Una rosca político-judicial había sido denunciada por Primera Plana en febrero pasado, después que la ciudadana Andrea Susana Eberhardt Raitner, bajo patrocinio de los abogados Norma Liliana Ortiz Meza y Alfredo E. Wagener, presentara ante la fiscalía de San Juan Bautista una denuncia penal contra tres personas, entre ellas su ex-esposo, directamente involucrados en la maniobra que la despojó de sus propiedades obtenidas tras el divorcio y disolución conyugal.

El grave hecho también apunta, según la acusación presentada, a otros coautores materiales, morales e intelectuales, instigadores o cómplices, por varios delitos de acción penal pública, entre ellos: producción de instrumento de contenido falso, lesión de confianza, apropiación indebida, daño intencional en asociación ilícita para delinquir y otros ilícitos del fuero criminal.

Pero la denuncia no termina allí, sino que salpica directamente a la administración de justicia, representada por los jueces de primera y segunda instancia, además de la Sala Constitucional de la Corte Suprema, cuyos ministros, Antonio Fretes, Myriam Peña y Gladys Bareiro de Módica, podrían ser pasibles de juicio político en el caso que se compruebe su implicancia en la deliberada ignorancia de la ley, al no dar curso al pedido presentado por la misma denunciante al atacar de inconstitucional las sentencias del juzgado inferior y el de alzada.

La flagrante indefensión de la afectada por el expolio de sus tierras y otras propiedades obtenidas en la disolución conyugal homologada por la misma Justicia en 2015, no fue suficiente motivo para que la Corte tratase su pedido de inconstitucionalidad en octubre de 2017, poniendo en seria duda la capacidad de juzgar de los magistrados en un caso evidente de apropiación indebida de quienes urdieron el despojo, según la denunciante.

Lo sucedido a la señora Eberhardt es una muestra palmaria de la inseguridad jurídica que vive el país, cuando de un plumazo y por la complicidad judicial, se puede urdir una maniobra para el despojo de propiedades, sin dar participación en el juicio a la parte afectada.

La señora Eberhardt sufrió en 2016 en el juzgado de San Juan Bautista, Misiones, la enajenación de todos los bienes que le habían adjudicado judicialmente de su matrimonio anterior, sin que le dieran participación en un juicio de nulidad de los títulos de propiedad obrantes en el Registro Público.

Tanto su ex esposo, Ronald Armín Lautenschlager como su ex suegro, Fritz Armín Lautenschlager Verruck, y el padre de éste, Arbillo Natalicio Lautenschlager, fueron denunciados por Andrea Susana Eberhardt, todos domiciliados en la zona de Colonias Unidas, en Itapúa, a quienes acusa de haber redactado un documento falso sobre un supuesto acuerdo de cesión “simulada” de los bienes que luego fueron propiedad del matrimonio, y a los que accedió la denunciante en un 50 por ciento una vez que quedó firme el divorcio y la disolución conyugal.

En base a dicho documento apócrifo, la afectada vio cómo magistrados acusados de venales ante la fiscalía convalidaban la apropiación indebida, sin que se le diera oportunidad de defensa alguna.

 

Ahora corresponde que la fiscalía de Encarnación, mediante proceso en el juzgado respectivo, le devuelva sus bienes legítimamente anotados en los Registros Públicos e investigue el grado de conexión de los magistrados acusados con la mafia político-judicial, ya desenmascarada por varias denuncias públicas, entre ellas las que se originaron en los famosos audios del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).

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