Inseguridad jurídica trae baja nota en ranking económicos

Escrito por  Publicado en COMENTARIOS Jueves, 15 Febrero 2018 10:28

Escribe: Luis Alen.

El folclórico “opa rei” (terminar evaporado) es la mayor lacra del ámbito político-social que nos toca soportar desde hace muchos años, lo que impide el esclarecimiento de los más aberrantes casos de corrupción en el país, lo que ha ocurrido en todos los gobiernos desde el final de la dictadura stronista.

Y en esto tienen mucho que ver la impunidad y el manejo delincuencial de la misma Justicia a cargo de políticos inescrupulosos que lucran con este sistema perverso, lo que no hace otra cosa que situarnos entre las naciones más atrasadas en cuanto a seguridad jurídica, por la falta de vigencia plena de la institucionalidad y el respeto al sistema legal.

El grado de inseguridad jurídica existente en el Paraguay no sólo aparece en los ranking de ambiente de negocios más prestigiosos del planeta, sino en los mismos hechos profusamente ventilados últimamente y que tienen como protagonistas principales a altos exponentes del Gobierno, del Poder Judicial y la Fiscalía.

Donde se escarbe se tiene últimamente la evidencia de los manejos turbios del ex senador Óscar González Daher, quien a través del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados presionaba a los jueces y fiscales para obtener resoluciones favorables en casos en los que tenía fija la mirada para pingües beneficios económicos personales, utilizando la Justicia para tan deleznable plan.

Otros políticos y legisladores tampoco escapan a este círculo perverso, convirtiéndose en caldo de cultivo para la existencia de una verdadera mafia empotrada en el Poder Judicial.

 

Causa pésima imagen del país

Los escándalos se van sucediendo tras más revelaciones donde aparece siempre la misma mafia. Es el caso ahora de la demanda en lo laboral, de parte de una persona que finalizó su contrato con la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y que reclama nada menos que US$ 10 millones de indemnización. Es una suma sideral que asusta a cualquiera y pone en ridículo a la Justicia paraguaya, pero lo peor del caso es que en primera y segunda instancia hubo resolución favorable, llegando ahora a la Corte Suprema un pedido de revisión, con impacto político de por medio, ya que los dirigentes deportivos paraguayos plantearon públicamente la inseguridad jurídica en el país, incluso al presidente Horacio Cartes.

Investigando quién es el abogado del demandante otra vez se ha llegado a lo mismo: su vinculación con el ex senador González Daher, pero nuevamente candidato al Senado por el partido oficialista.

Resulta muy desconcertante, en efecto, que nuestro país muestre indicadores macroeconómicos interesantes que atraen a los inversionistas, pero que, en contrapartida, se encuentre entre los países más relegados en los índices de negocios y de competitividad que elaboran instituciones tan relevantes a nivel global como el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.

La baja calificación general en estos ranking internacionales proviene principalmente de la gran corrupción existente en el Estado, que afecta gravemente el funcionamiento institucional y las posibilidades del sector privado de prosperar, pese al ambiente favorable para los negocios a través de otros indicadores en los que el país ha mejorado para facilitar la realización de inversiones.

Por ejemplo, la falta de independencia de la Justicia de las presiones políticas ya denotaban los índices elaborados año tras año, por lo cual el sonado escándalo destapado ahora de los manejos en el Jurado de Enjuiciamiento y en la Fiscalía General sólo confirman lo publicado en el exterior.

En el ranking “Doing Business” 2018 del Banco Mundial, el Paraguay ocupa el lugar 108 de 190 economías analizadas, por debajo de países como Chile (55) y Uruguay (94), y por encima de Argentina (117) y Brasil (125). Para realizar negocios, el BM resalta que el sistema judicial es determinante para un ambiente de negocios sano, porque se da gran valía a la eficiencia de la Justicia en solucionar disputas y controversias.

Por su parte, en el Informe sobre Competitividad del Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, en su edición de 2017-2018, el Paraguay ocupa el sitial 112 de 137 países estudiados, por debajo de casi todos los países sudamericanos, excepto Venezuela.

Los pilares que condicionan en forma decisiva la baja calificación en materia de competitividad de la economía paraguaya son la faceta institucional en la que resalta precisamente la falta de independencia del Poder Judicial, y la infraestructura deficiente con la que cuenta el país.

 

Economía vs. Política

Está cada vez más demostrado que una fuerte institucionalidad unida a la seguridad jurídica, así como la mayor transparencia en los asuntos gubernamentales, tienden a ser un soporte fundamental para el desenvolvimiento económico de un país.

Graves hechos de corruptelas revelados por los audios transmitidos profusamente por los medios de comunicación, no hicieron otra cosa que poner las pruebas, si es que faltaban éstas, para que la ciudadanía reaccione y contemple los caminos a seguir para dotar al Paraguay de instituciones más sólidas, comenzando por una reorganización urgente del sistema de justicia.

Pero una cosa es la posibilidad de denunciar a los cuatro vientos la corrupción, con pruebas incluidas, que es posible gracias a la libertad de prensa y difusión libre por medio de las redes sociales de internet, y otra cosa más relevante es la resolución de los casos y la condena, si es que así lo amerita según la ley, de los hallados culpables de realizar actos corruptos en desmedro de la buena administración estatal, o lo que es lo mismo decir, en contra de toda la sociedad.

De allí que la independencia del Poder Judicial es vital para que no ocurran más las manipulaciones de los políticos, jueces y hasta policías, que están detrás de todas las denuncias, como el caso del empresario belga sometido a una vil extorsión estando detenido 75 días sin ninguna prueba en contra, en el episodio novelesco del supuesto contrabando de oro que apareció en agosto de 2016.

Se puede citar también la trama político-judicial denunciada en Primera Plana en estos días, por parte de una ciudadana de Itapúa a la que no le dieron participación en un juicio que anuló títulos de propiedad registrados a su nombre y que subió hasta la Corte, donde tampoco le dieron ninguna chance de defensa.

 

La impunidad es aún peor que la misma corrupción, ya que ésta resulta por lo general ventilada públicamente, pero los órganos jurisdiccionales encargados de juzgarla hacen caso omiso muchas veces de los debidos procesos, que van al “opa rei” casi siempre, sin que la sociedad tenga una resolución acabada de los casos.

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