Petropar sólo se mantiene con un monopolio que es inconstitucional

Escrito por  Publicado en COMENTARIOS Miércoles, 15 Marzo 2017 17:22

Escribe: Luis Alen.

 

Se está viendo ahora que una característica esencial del “nuevo rumbo” de Horacio Cartes es el atropello a varios artículos de la Constitución, empezando por la intención de aplicar la vía de la enmienda para la reelección. Pero las intenciones de pasar por alto el texto constitucional ya se puso en práctica cuando, en 2015, el Gobierno estableció el monopolio en la distribución de combustibles a favor de Petropar.

Sin importarle en lo más mínimo la competencia de mercado en igualdad de condiciones, tanto para empresas públicas como privadas, que es una garantía constitucional para la libertad de los agentes económicos, por simples decretos HC tumbó la libre importación y comercialización de los combustibles derivados de petróleo que se puso en vigencia en el año 2000, en un principio para las naftas, pero que después debió también ser extendida al gasoil.

Pero como en un régimen de libre competencia no podría seguir existiendo Petropar, dados sus grandes costos operativos por la excesiva burocracia y el planillerismo político típicos de las reparticiones públicas -además de su gran deuda con proveedores internacionales entre ellos la venezolana PDVSA- no tuvo mejor idea el equipo de gerentes del Grupo Cartes que obligarle a los emblemas privados a comprar el 50 por ciento de su stock de combustibles a la empresa estatal.

 

Rentabilidad dudosa

Tanto el ministro de Industria y Comercio, Gustavo Leite, como el titular de Petropar, Eddie Jara, se ufanan en resaltar la supuesta rentabilidad que ha adquirido la empresa desde el año pasado, cuando habría tenido una ganancia de US$ 60 millones. Pero esta súbita bonanza maquilla una calamitosa situación de la deuda de la entidad, como lo acaba de señalar un estudio del Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP), que resaltó el hecho de que el 100 por ciento del activo de la empresa es financiado con recursos de corto y largo plazo aportados por los acreedores, principalmente proveedores de combustibles del exterior.

En este contexto, ¿cómo llega entonces Petropar a tener “rentabilidad”? Sencillo, porque le obliga a las distribuidoras privadas a comprarle gasoil y nafta, ¡a las que les había sacado por decreto el 50 por ciento del mercado!

Así, cualquiera puede exhibir una “rentabilidad”, que en este caso deviene de una confiscación arbitraria y anticonstitucional de la mitad de la torta del mercado.

En defensa del monopolio ilegal, Leite suele congratularse de las bondades del sistema para el consumidor, que así ha podido recibir rebajas en los precios de los combustibles, según su enfoque, pero ha olvidado señalar que la supuesta ventaja para el público no ha implicado, por ejemplo, rebajas sustanciales en el gasoil, cuyo precio se ha mantenido casi constante en los últimos años, a pesar del descenso sustancial en los valores de comercialización del petróleo a nivel internacional.

A propósito, se debe recordar que el gasoil es el principal combustible del país, con más del 60 por ciento del consumo y es vital para mover la economía nacional.

Queda flotando también el interrogante de qué pasaría si el sector privado decide en forma unánime no comprar más a Petropar, pese a la obligación del decreto presidencial y a pesar de la amenaza latente de una masiva suspensión de las licencias previas para importar que emite el Ministerio de Industria y Comercio de Gustavo Leite.

En ese caso, quedaría en evidencia la dependencia absoluta que tiene Petropar y, por ende, el mismo Gobierno, de las compras que le realizan por obligación las distribuidoras privadas. Los números están allí: prácticamente la “ganancia” de US$ 60 millones se debió al monopolio y no a la libre concurrencia, ya que, según el cuadro de operaciones del ente, de sus US$ 110 millones de ingresos brutos, el 78 por ciento correspondió a los decretos monopólicos y sólo 15 por ciento a la distribución propia de Petropar.

 

Queda en evidencia la estrategia no sólo para darle “rentabilidad” a una empresa a la que se pretende expandir en el mercado a costa de las otras empresas privadas, sino por la evidente intención de financiar a una empresa que arrastra serios cuestionamientos por su abultada deuda y por su ineficiente manejo, plagado de costos elevados para mantener operadores políticos y ahora con planes de expansión como las nuevas estaciones de servicio o los sitios callejeros de expendio de GLP (Gas Licuado de Petróleo) boliviano.

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