Medidas del Gobierno van contra bases de la economía de mercado

Escrito por  Publicado en COMENTARIOS Miércoles, 01 Marzo 2017 16:36

Escribe: Luis Alen.

 

Cuando en los inicios de la gestión del Gobierno de Horacio Cartes se debatieron leyes que cercenaban las atribuciones del Congreso nacional sobre las concesiones de rutas y otras obras como los aeropuertos, se pensaba que eran medidas necesarias con el fin de presentar al sector privado atractivas y rápidas formas de inversión en la infraestructura del país, un sector muy descuidado en toda la transición democrática.

Pero el principal aspecto que se destacaba era la posibilidad de que el Ejecutivo sea expeditivo en la lucha contra la corrupción y evite cualquier maniobra de los congresistas para conseguir “dividendos” que encarezcan en demasía las obras.

Pero a tres años de distancia del comienzo de la aplicación de, por ejemplo, la Ley de la Alianza Público-Privada (APP) y de la Ley de obras “Llave en mano”, la experiencia no ha sido tan halagadora, pues el propio Gobierno sólo puede exhibir nada más que un par de emprendimientos en sus comienzos, estimándose ya que no concluirán en el actual período presidencial.

 

Una verdadera dictadura

No contento con estos instrumentos a mano sin pasar por el Congreso -que renunció llamativamente a su prerrogativa constitucional- el Gobierno cartista avanzó aún más en sobrepasar el ordenamiento legal de la República en materia económica, al tomar decisiones inconsultas e inconstitucionales en varios ítems, siendo la de mayor relevancia el último episodio de la autorización de la Corte Suprema para continuar endeudando al país con los bonos soberanos, con el argumento antijurídico que la emisión de las obligaciones del Tesoro está contemplada en el Presupuesto de la Nación de 2016, que ha sido puesto en vigencia porque el de 2017 fue vetado por el mismo presidente Cartes.

Esta “autorización” judicial previa petición del ministro de Hacienda, Santiago Peña, de una “certeza” constitucional de la Corte, que no existe en la Constitución ni en ninguna ley, es de nulidad insanable, por cuanto la Carta Magna de la República establece claramente que el único poder con potestad para “aprobar o rechazar” empréstitos del Estado es el Legislativo (art. 202, inc. 10, C.N.)

Si la fundamentación del Ejecutivo radica en la autorización de la cuantía de la emisión en el Presupuesto de 2016, que seguiría vigente por la prórroga obligada en 2017 del vigente el año pasado, no pasa de ser un contrasentido jurídico y económico, ya que una emisión de deuda en forma responsable y válida sólo se puede hacer con la autorización actualizada del Congreso, en el lapso del ejercicio en cuestión.

De otro modo, se está en presencia de una verdadera dictadura del Ejecutivo, que es como decir que a partir de ahora las leyes económicas del mercado se irán ajustando en la medida de las necesidades del presidente de la República y de su entorno, sin necesidad de ser discutidas y aprobadas por el órgano constitucional para el dictado de leyes que es el Congreso.

Otros ejemplos de atropello del Gobierno a las leyes de mercado se dieron en varios sectores de la economía, como el caso del monopolio en los combustibles y el gas a favor de Petropar, o el criticado decreto sobre los cambios en el Impuesto a la Renta Personal, que fueron establecidos incluso en oposición a lo dispuesto por la misma ley original.

Un último caso también alarmante ha sido el de las revisiones, igualmente por decreto, de los montos de tributación sobre las importaciones de productos del régimen de turismo, que afectan especialmente a los comerciantes de la frontera, entre ellos a los empresarios de Ciudad del Este, que han expresado su disconformidad con la determinación de ajustar los porcentajes de impuestos, poniendo en una difícil situación de desventaja al comercio que depende de los países vecinos, en los cuales va creciendo la capacidad competitiva a través de los “duty free” o el arancel cero para la electrónica.

Estas disposiciones anticonstitucionales del Gobierno cartista no hacen más que poner en duda las intenciones de atraer inversiones al país. Con la no vigencia de la economía libre y sin la plena previsibilidad jurídica, por la acción del “nuevo rumbo” a contramano de las leyes del mercado, crecerá la sospecha ominosa de que el grupo empresarial encaramado al poder tiene el propósito de ir copando todos los grandes negocios del país, en detrimento de la libertad de movimiento de los agentes económicos en igualdad de condiciones, que es lo típico en una economía de mercado.

 

El cambio de las normas jurídicas “a mitad del partido” no resulta un incentivo para los empresarios e inversionistas, todo lo cual lleva a la conclusión de que el Gobierno cartista, curiosamente de extracción empresarial, no tiene la visión de que el Estado debe precautelar la igualdad de oportunidades entre todos los participantes del mercado, y no intervenir en la economía a favor de algunos de ellos, con lo cual surge la incertidumbre acerca de que las reglas de juego no son serias ni permanentes, y se produciría así la fuga de capitales del país, lo que significa más desempleo y pobreza de la población.

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